Un inusual pedido para intentar dejar la prision
Expertos en derechos humanos critican la solicitud de medidas cautelares a la CIDH. Rafael Correa nunca acató sus pedidos.
Una respuesta que tarda. Y es una de las posibilidades que baraja la defensa de Jorge Glas, sentenciado a seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht, para lograr su libertad.
Con los reveses judiciales a todos los recursos planteados, Eduardo Franco Loor, abogado defensor, decidió golpear las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pedir medidas cautelares para su cliente. “Yo ejerzo la defensa técnica y considero apropiado acudir a esa instancia”, dijo a EXPRESO.
Su solicitud ha sido cuestionada desde diversos sectores por defensores de derechos humanos y activistas que fueron enjuiciados durante los diez años del correísmo. Para ellos es una “contradicción, doble discurso, hipocresía o una medida desesperada”.
Glas perteneció a un Gobierno que nunca reconoció las medidas cautelares que la CIDH solicitó a Ecuador aplicar en algunos casos. Entre ellos el de Alicia Kawiya, indígena amazónica amenazada de muerte. O las medidas dispuestas para los grupos Tagaeri y Taromenani contra la explotación del Yasuní y otras solicitadas para el activista Fernando Villavicencio, el exasambleísta Cléver Jiménez y el médico Carlos Figueroa, sentenciados por calumnias en contra del expresidente Rafael Correa.
Villavicencio recuerda que, en su caso, la CIDH emitió en marzo de 2014 la suspensión de la prisión preventiva y toda la sentencia “por vulneración de derechos humanos”.
Pero el Gobierno ecuatoriano no hizo caso. El 27 de marzo, el excanciller Ricardo Patiño (quien ahora también acudió a la OEA para intentar frenar la consulta popular convocada por Lenín Moreno) criticó al organismo.
A Villavicencio le parece una gravísima contradicción que quienes incumplieron y calificaron a la Comisión como el “basurero de América Latina” ahora acudan a ella.
Juan Pablo Albán, experto en Derechos Humanos y catedrático universitario, cree que desde 2011 no se cumplieron las medidas cautelares en al menos 10 o 15 casos, luego de las que se otorgaron a Emilio Palacio, el exarticulista de diario El Universo.
Para él es mucha hipocresía de la defensa de Glas, “pero, al tiempo, conciencia sobre la autoridad del organismo para forzar a los Estados a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de DD. HH.”, dijo.
Para Daniela Salazar, catedrática universitaria y experta en Derechos Humanos, “quienes no están en el poder requieren de la CIDH. Son muchos los líderes que acuden a ella después de atacarla. Eso solo confirma que sigue siendo un organismo imprescindible”, señaló a este Diario.
Luis Saavedra, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), cree que el pedido de la defensa de Glas es parte del doble discurso que siempre tuvieron. Cuando les convino, dijo, acudieron a la Comisión y cuando no la ignoraron y criticaron. “Ahora usan los mismos recursos que ellos negaron”, dijo.
El expresidente Correa en el caso de Jiménez y Villavicencio señaló en su cuenta Twitter que la CIDH son “un grupo de burócratas sin atribución, ordenan a la República que reviertan una sentencia ejecutoriada, así de simple, de un país soberano. Es inaudito”.
Casos
Solicitud
A pesar de las críticas, el anterior Gobierno pidió protección para Nelson Serrano, condenado a muerte.
Medidas cautelares
En 2008, por decreto, el Ministerio de Justicia se encargó de coordinar la ejecución de medidas cautelares y acuerdos.
Protección
La CIDH dictó medidas en favor de familias amenazadas en zonas de frontera.
El tribunal que estuvo a cargo
