Invalidar el caso Sobornos es un plan del círculo de Romero
Un testigo de caso Plaga señala al exdirector de la Escuela Judicial como nexo de Terán en la CNJ
Un supuesto plan para echar abajo la sentencia del caso Sobornos ha sido revelado en dos tramas de corrupción: Independencia judicial y Plaga.
En ambos casos, los testigos protegidos han soltado pistas. Primero fue Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura. Señaló que Wilman Terán, antiguo presidente de ese organismo, recibió el apoyo del correísmo a cambio de lograr que los jueces nacionales Byron Guillén y Luis Rivera fallen un recurso de revisión de los sentenciados Ramiro Galarza y Alberto Hidalgo.
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En el caso Plaga, dos testigos, Lenin Vimos y Hugo Alexander Lara, aportaron con más “detalles” de ese plan.
Lara identificó a Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, como la persona que manejaba para Wilman Terán la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Lara, quien trabajó para Cristian Romero, abogado del exnarcotraficante Leandro Norero, de la familia Bucaram y de Jorge Glas, alardeaba, según el testigo, de sus contactos en la corte.
A decir del testigo, Romero trataba a Terán como papá; decía llevarse bien con Byron Guillén y Felipe Córdova, quien fue su profesor en una maestría.
Vimos, por su parte, reveló otro nombre: Jonathan Aguinda Shiguango, un estudiante de derecho que se encargaba de elaborar los escritos y quien fue abogado de Jorge Glas, ante el juez Banny Molina, en una acción de habeas corpus. Según Vimos, él también estuvo involucrado en la estrategia para lograr echar abajo el caso Sobornos, en el que está sentenciado el expresidente Rafael Correa.
¿Pero cuál era el plan? En el sistema de la función judicial consta que el 10 de octubre de 2023, los procesados Galarza, de la constructora Consermin, e Hidalgo, de Hidalgo & Hidalgo, presentaron un recurso extraordinario en la Corte Nacional de Justicia.
El caso recayó ante los jueces Felipe Córdova (ponente), Byron Guillén y Luis Rivera.
Según Muñoz, Guillén viajó a Brasil para reunirse con Correa y organizar el plan. Este consistía en que Wilman Terán, desde el Consejo de la Judicatura, prorrogaría las funciones de los jueces hasta 2030.
En los documentos, Galarza e Hidalgo invocaron un argumento que invalidaría el caso, lo que beneficiaría al resto de los 21 procesados, entre los que están los exministros correístas.
Ellos dijeron que la pericia informática realizada en el caso Sobornos era maliciosa y que se alteró a la verdad de forma consciente y voluntaria, “debido a que no puede ser verdad que se afirme por parte del perito que ciertos datos motivo de pericia datan del año 2011, mientras que en la prueba se determina que se trata de archivos creados en el año 2016”.
En resumen, argumentaban que los archivos extraídos del computador de Laura Terán, asistente de Pamela Martínez, exasesora de Correa, habían sido modificados. Lo mismo ya dijeron el abogado de Correa, Fausto Jarrín, en 2020, cuando incluso quisieron introducir como prueba una pericia pagada por ellos en Colombia.
El 13 de diciembre de 2023, la Fiscalía detuvo a Wilman Terán por el caso Metástasis y fue la primera vez que se mencionaron los nombres de Byron Guillén y Luis Rivera. En ese tiempo ellos aún tenían la competencia del recurso extraordinario de revisión, pero para el 12 de enero de 2024 declararon su inadmisión, pues no se había presentado una prueba nueva. Además, la Fiscalía ya investigaba a los dos jueces del tribunal.
- Causa. Alberto Hidalgo, sentenciado en Sobornos, llevó el caso a la Corte Constitucional, en donde solicitó una acción extraordinaria de protección.
La tesis del computador
La historia de que los denominados Archivos Verdes, documentos extraídos de las computadoras de Laura Terán y Pamela Martínez, son falsos es un argumento viejo. En 2020, Fausto Jarrín, entonces abogado de Rafael Correa, indicó que “una fuente anónima” le hizo conocer que los archivos fueron “elaborados” a través de un programa de la entonces Senain. Jarrín intentó introducir su propia pericia como prueba en el juicio, pero fracasó. Cuatro años después, quien más defiende esa tesis es Wilman Terán. En 2021 integró el Tribunal de Apelación, quien confirmó la pena de Correa, pero rebajó los años de inhabilitación del ejercicio de cargo público, de 25 a 8 años. Hoy, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dijo que duda de las pruebas que le presentó Fiscalía en ese caso.
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