La investigación de Mendoza tendrá 12 sospechosos más
La audiencia de vinculación al caso de delincuencia organizada será el próximo viernes a las 10:00. La instrucción fue abierta en junio al exlegislador manabita
Daniel Mendoza, exasambleísta manabita y exvocero de Alianza PAIS, y su exasesor Jean Benavides estarán juntos nuevamente. Esta vez no será por motivos laborales sino judiciales. Benavides y otras ocho personas investigadas por posible lavado de activos serán vinculadas al caso de delincuencia organizada abierto el 5 de junio en contra del exlegislador y otros sospechosos.
En total serán 12 las personas vinculadas a la instrucción fiscal abierta para Mendoza. La diligencia se cumplirá a las 10:00 del viernes 10 de julio en la Corte Nacional de Justicia. El pedido fue presentado por la fiscal Diana Salazar.
Daniel Mendoza se entregó a la Policía el 4 de junio en Portoviejo. Fue trasladado a Quito para la formulación de cargos cumplida la noche del 5 de junio. La fiscal señaló ese día que se ha podido evidenciar la existencia de una estructura organizada, presumiendo que fue integrada con fines delictuales.
Al definir los roles de los sospechosos, la fiscal dijo que Mendoza, valiéndose de su cargo en lugar de coordinar las actividades de legislación o fiscalización, había participado en acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí.
Se refirió al caso del Hospital de Pedernales, cuya construcción está paralizada y el dinero para la ejecución ya fue transferido de las cuentas de BanEcuador. El nombre del legislador apareció en un chat con Franklin Calderón y José Véliz coprocesados de Benavides en el expediente de lavado de activos. Mendoza habría controlado y supervisado las acciones valiéndose de su condición de asambleísta.
La fiscal presentó chats con Benavides, en ese entonces asesor de Mendoza en la Asamblea. Las conversaciones evidencian que toda actividad que realizaban los miembros de la organización, especialmente la relacionada con el manejo del dinero que se obtenía desde BanEcuador, la conocía el asambleísta. En la materialización de las conversaciones se encontraron frases como: “díganle que van de parte del asambleísta Daniel Mendoza”.
El 14 de mayo, en Manabí se ejecutó un operativo que incluyó el allanamiento de al menos seis inmuebles. Se halló más de medio millón de dólares en efectivo en la casa de Benavides. 40.000 dólares más se encontraron en su vehículo. Las detenciones se produjeron en Portoviejo, Pedernales, Bahía de Caráquez y Calceta. En poder de los detenidos (nueve en total) se hallaron mochilas llenas de dinero, cheques y armas de fuego.
En los fajos de dinero había el sello de BanEcuador y sellos con el logo del Servicio de Rentas Internas (SRI). Entre efectivo y cheques el monto total decomisado fue de 1,6 millones de dólares. Benavides está preso igual que el legislador Mendoza a quien la Corte le negó la apelación a la prisión preventiva. En la formulación de cargos la fiscal dejó claro que el asesor cumplía órdenes de Mendoza.
La semana pasada el asambleísta renunció a su cargo en la Asamblea. El 19 de junio estuvo en la Fiscalía ampliando una versión por solicitud de su abogada Gabriela Moreira. En ella negó las acusaciones de la Fiscalía. Moreira anunció ese día que su cliente no se acogería a la cooperación eficaz y negó cualquier participación en la estructura de corrupción que habría operado en casos como el del Hospital de Pedernales. Ayer, Moreira pudo ya acceder a copias del expediente y revisarlo. Lo que le permitirá presentar elementos de descargo.
Detención. El exasambleísta Daniel Mendoza permanece detenido en la cárcel 4 de Quito.
Indicios de responsabilidad
En junio, la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal en el segundo contrato que adjudicó el 13 de febrero el Secob al Consorcio Pedernales-Manabí por la construcción del Hospital de Pedernales. El equipo auditor encontró inconsistencias durante la ejecución de las etapas precontractual y contractual.
Entre otras anomalías que se encontró en la auditoría está la descalificación de oferentes “sin que en el informe de la comisión técnica encargada de revisar las ofertas consten los motivos”, se informó en un comunicado de la Contraloría.
Es el segundo examen especial practicado a la contratación de la obra con indicios de responsabilidad. Una primera auditoría se hizo al primer contrato que adjudicó Secob a Tippmann por 15,7 millones.
