Investigación contra exfuncionarios por venta de medicina donada entra a evaluación
Uno de los procesados no fue acusado por la Fiscalía. Otros seis deberán esperar la exposición del dictamen en audiencia preparatoria de juicio
La Fiscalía General del Estado (FGE) cierra otra investigación que implica a exfuncionarios de Salud, involucrados en presuntos actos de corrupción que se destaparon en el marco de la emergencia sanitaria que se decretó en marzo de 2020, por la expansión del coronavirus.
Se trata del proceso de delincuencia organizada en el que se imputó al exgobernador del Guayas, Álvaro Ponce Almazán, así como a Abraham Muñoz Vélez, ex entrenador personal de Daniel Salcedo, vinculado en una trama de corrupción detectada en hospitales públicos; y que alcanza a su hermano Noé Salcedo y a otras tres personas.
El lunes 18 de enero de 2021, la jueza Marcela Ortega Segovia, de la Unidad Judicial Penal Sur Valdivia, dispuso el cierre de la investigación que desarrolló el fiscal César Suárez Pilay, de la Unidad de Administración Pública, dentro de la cual emitió un dictamen mixto. Se abstuvo de acusar a uno de los procesados, por lo que se analiza si esa parte del dictamen sube a consulta de la fiscal provincial del Guayas, para que lo confirme o revoque.
El resto de procesados deberá esperar el próximo 1 de febrero, para que el fiscal Suárez exponga el contenido de la investigación en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
En el caso, la Fiscalía investigó una presunta participación directa de los procesados en la venta irregular del medicamento (ampollas) Actemra, para el tratamiento de la COVID-19, medicinas que fueron donadas al hospital del Guasmo Sur.
El proceso inició en junio de 2020 tras denuncias ciudadanas que daban cuenta de personas que ofrecían medicamentos, a cambio de onerosas cantidades de dinero, durante la crisis sanitaria que vivió la ciudad de Guayaquil, en los meses de marzo, abril y mayo de ese año.
Las investigaciones se centraron en una presunta organización delictiva que se habría dedicado a la venta ilícita de insumos médicos con sobreprecio, en especial de Actemra, que fue comercializado en las calles entre 400 y 1.000 dólares por ampolla, según las investigaciones fiscales.
Entre los elementos que se presentaron al inicio de la instrucción fiscal constan los informes levantados por la Policía Judicial y la explotación y extracción de información de teléfonos celulares de los procesados, la información obtenida de medios de comunicación y redes sociales, que alertaban la inusual venta de productos médicos durante la emergencia sanitaria, informó en aquel entonces la FGE.
A ellos sumaron certificaciones laborales, documentos relacionados a las áreas de administración, farmacia y bodega de la entidad médica, donde -presuntamente- se desarrollaron los procesos de egreso de la medicina; informes de los funcionarios que habrían despachado esos requerimientos según el historial laboral y las versiones rendidas por funcionarios de la entidad hospitalaria y de los aprehendidos.
Tanto Ponce Almazán, quien se desempeñó como gerente del hospital del Guasmo, así como Víctor Chele, en ese entonces subdirector del área de Medicamentos; Francisco San Jiménez, exfuncionario de la casa de salud, Erick Pionce y Noé Salcedo, permanecen detenidos. La mayoría de ellos, en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil
