Bajo investigación el juez de Portoviejo que liberó a Glas y Salcedo
La Judicatura denunció a Banny Molina por usurpar funciones. Actuó sin jurisdicción en el habeas corpus. Fue llamado a juicio por posible prevaricato
Ni bien se conoció el nombre del juez de Portoviejo que otorgó en conjunto un habeas corpus a Jorge Glas, Daniel Salcedo y al solicitante Christian Araujo, sentenciado por homicidio, su historial judicial salió a la luz.
Banny Molina, juez de Garantías Penitenciarias, tiene un llamado a juicio por presunto prevaricato, fue investigado por posible asociación ilícita y la propia justicia lo absolvió y se revelaron en portales digitales que fue involucrado en una investigación por una posible red de extorsión que operaba en la cárcel El Rodeo de Manabí.
Y, aunque ordenó la inmediata libertad del exvicepresidente sentenciado por corrupción en los casos Odebrecht, Sobornos y Singue (en apelación), su excarcelación no será tan fácil. La concesión del recurso fue cuestionada desde el Ejecutivo, algunos legisladores como Wilma Andrade y la propia Función Judicial.
Para el presidente Guillermo Lasso fue ilegal. Mientras que a la legisladora Andrade le llamó la atención que se aproveche de un habeas corpus de una persona para hacerlo para otra persona. Algo que para ella “es un tema sin precedentes” que deja entrever que existen presiones, manipulaciones y que se debería investigar.
EXPRESO buscó el criterio de los coidearios del exvicepresidente en la Asamblea. Entre ellos Pierina Correa, Roberto Cuero, Pamela Aguirre, quienes no respondieron al pedido formulado por WhatsApp. También consultamos a la presidenta de Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, quien dijo que el vocero en este caso es uno de los abogados del exfuncionario, que es Édison Loaiza.
El habeas corpus cuando se extiende es cuando hay el peligro de vulneración a los derechos humanos de un privado de la libertad. Al vicepresidente el sistema de justicia lo tiene como rehén.
El defensor estuvo desde temprano este martes 9 de agosto en los exteriores de la cárcel 4 ubicada en el norte de Quito. Al sitio también llegó una veintena de personas con pancartas, carteles, tambores, silbatos y otros objetos con los que llamaron la atención de los transeúntes y conductores que circularon por el sector de El Condado. Exigieron la libertad del ex segundo mandatario, quien entre abril y mayo estuvo 40 días en libertad gracias a otro recurso concedido por el juez de Manglaralto Diego Moscoso, ahora destituido.
Loaiza anunció que si es que en la cárcel 4 no excarcelan a su defendido se lo haría a través de la fuerza pública. Para ello tenía pensado presentar un escrito ante el juez Molina que ordenó la libertad.
Estamos frente a nuevos hechos, a una situación más grave que se preveía inclusive en el habeas corpus anterior que es peligroso que él se contagie inclusive de un COVID.
Es que en la cárcel 4 le indicaron que hubo un cambio de director. Marlon Karolys, un coronel de la Policía, reemplazó a Óscar Gabela. El encargado habría indicado al abogado de Glas que va a revisar el expediente. Loaiza dijo que eso no le corresponde sino que, lo que opera en este caso es que el director o quien se encuentre a cargo debe “acatar la orden de constitucional”. La boleta debió ejecutarse. Están dando trabas”, dijo.
En ese centro penitenciario permaneció casi todo el día. También estuvo José Moreno, abogado de Salcedo. En la Asamblea, el presidente (e) de la Judicatura, Fausto Murillo, dio a conocer que presentó una denuncia en la Fiscalía contra del mentado juez.
“Las decisiones jurisdiccionales como estas son las que tratan de deslegitimar a la Función Judicial y particularmente el accionar del Consejo de la Judicatura”, comentó.
Las decisiones jurisdiccionales como estas son las que tratan de deslegitimar a la Función Judicial y particularmente el accionar del Consejo de la Judicatura.
Por su parte, la Fiscalía destacó que en el caso en el que Molina habría dictado el fallo para que una procesada cumpla sentencia en su domicilio el organismo presentó los argumentos necesarios para que el juez de Garantías Penitenciarias sea llamado a juicio por presunto prevaricato.
Se señala a Molina por actuar sin jurisdicción. ¿La razón? Al momento de resolver el habeas corpus solicitado por Araujo, Molina ya tenía a cuestas el llamado a juicio por el posible delito de prevaricato. Lo había resuelto al mediodía del viernes 5 de agosto una sala penal de la Corte de Justicia de Manabí.
