Las investigaciones contra Cynthia Viteri se estancan en la Fiscalía

Los procesos que sigue la Fiscalía en contra de la administración de Cynthia Viteri, por presunto peculado, no han tenido avances significativos luego de las tomas de versión que tuvieron lugar en mayo del año pasado, inmediatamente después de que se abrió la investigación previa, en abril de 2021.

Se indagan los contratos del trapeado de Guayaquil, en donde la Fundación Siglo XXI gastó$ 19,7 millones; de Óleos del Bicentenario, que se dio de baja el año pasado, y Letras Vivas, el polémico acuerdo para pintar paredes con frases de poesía.

Lo poco que se conoce del caso es que, el 11 de mayo, Viteri rindió su versión libre y voluntaria vía telemática, después de haber aplazado su cita, a inicios de ese mes, en el que además estaban previstas las versiones de Alfredo Contreras, subprocurador síndico municipal, y Xavier Álvarez, gerente general de la Fundación Siglo XXI. Esos días, este último entregó un oficio a Fiscalía, para justificar su inasistencia.

EXPRESO contactó a esos    funcionarios, a la alcaldesa y a Christian Castelblanco, síndico municipal, para conocer si hubo alguna nueva toma de versión. El último contestó. “Han rendido sus versiones en Fiscalía y yo rendí declaración, como testigo. Entiendo que hay más de una veintena de versiones tendidas, la indagación avanza intensamente”, escribió vía Twitter.

Otro de los que se sabe que rindió su versión fue el artista Christian Moreano, invitado para el mural Óleos del Bicentenario en un contrato de Fundación Siglo XXI. Lo hizo junto a su abogado. No lo volvieron a llamar, por lo que entiende que quedó fuera de la investigación.

En el caso de Contraloría, se consultó si existe algún examen especial solicitado por Fiscalía para la investigación, pero la entidad tampoco confirmó. En abril pasado, el mismo Municipio solicitó un examen especial a esa institución sobre las labores de limpieza, a propósito del indagado contrato de trapeado. No se conoce si este documento está listo ni si se entregó a Fiscalía como insumo en la búsqueda de datos.

En investigaciones previas    por peculado, que pueden durar dos años (ver subnota),    el penalista Jorge Luis Sánchez explica,    además de la toma de versiones, hasta 2019 era necesario un informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría, pero desde ese año, con sentencia de la Corte, se declaró que ya no es necesario para continuar. De allí que Fiscalía tiene otros caminos, si no hay informes de Contraloría, cuyas auditorías pueden tardar hasta 7 años.

El experto explica que la entidad encargada de las investigaciones, que de hecho es la que decide abrir los procesos por presunto peculado en contra de Viteri y compañía, puede solicitar también una pericia contable y otra pericia de contratación. De hecho, hay casos en los que solo bastó alguno de los dos informes para pasar a instrucción fiscal y, en ese orden, audiencia preparatoria de juicio y audiencia de juicio, donde se impone la sentencia, que es apelable.

También reconoce que existen casos que avanzan y otros que no, y que influye mucho el factor político. “Es innegable que pasa. Los dejan en el congelador, porque el peculado no prescribe. He visto peculados desde 2012 que no están archivados”, cuenta.

Fiscalía prometió contestar en qué etapa está cada caso y también dijo que gestionaría una entrevista con esa funcionaria. Hasta el cierre de esta edición, no lo hizo.

En este tiempo, Ecuador vio cómo Jorge Yunda protagonizó un escándalo de corrupción y debió salir de la Alcaldía de Quito tras una resolución de la Corte, en septiembre. Vio también cómo, en noviembre, Delfín Quishpe, entonces alcalde de Guamote, fue sentenciado a cinco años de cárcel, en un proceso que Fiscalía le seguía por tráfico de influencias.

César Cárdenas, líder comunitario de Guayaquil, cree que en el caso no avanza “porque el poder tiene cómplices”. Dice que es imperativo que la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, mantenga informados a los ciudadanos sobre los avances, pues “Fiscalía siempre anda contando lo que hace en sus redes, pero de esto no ha hablado hace tiempo”.

A esos casos se suma uno más reciente contra el Cabildo, de noviembre pasado, también por peculado, por el contrato de aromaterapia que benefició a la exedil socialcristiana Dunia Campos.

Dos años y mucho más puede durar una investigación previa

Para entender los procesos de Fiscalía, conocer cómo se desarrollan las investigaciones y tratar de explicar por qué algunas parecen no avanzar, este medio contactó al penalista Roberto Calderón.

Él explica que al ser de peculado los casos de Viteri, la investigación previa puede extenderse hasta dos años y que, de hecho, muchas veces no se cumple la norma y ese periodo tiende a dilatarse.

El también abogado Joselito Argüello, presidente del Observatorio Ciudadano para Vigilar la Transparencia de la Administración Pública, precisa, sin embargo, que ese plazo no implica que la Fiscalía no deba aplicar “el principio de celeridad procesal”.

“Es alarmante cómo los procesos contra la alcaldesa han quedado en el olvido, y cómo en otros casos, en los cuales no existe la incidencia política tácita, la Fiscalía ha actuado de manera inmediata”, dice.

Desde su lectura, “están dejando pasar el tiempo” y prevé que las denuncias “serán desestimadas y archivadas”. Adelanta sobre eso que un compromiso del observatorio será actuar como parte procesal.

“En el peculado las víctimas la constituye la sociedad toda.    Fiscalía debió cerrar ya la investigación previa, pero sabemos que ni siquiera ha impulsado peritajes. Esto es preocupante, no haber actuado genera suspicacias”, dice el abogado y activista Pedro Granja, quien coordinó una denuncia contra Viteri en el caso del trapeado.

El penalista Roberto Calderón es más optimista. “Si la Fiscalía no ha presentado cargos, puede ser que no haya encontrado elementos de convicción para presumir la existencia de un delito o determinar la responsabilidad de una persona en este”, explica.

Sobre la demora del desarrollo de los casos, toca otra arista: la falta de personal investigativo de la Fiscalía. “Un solo fiscal puede llevar hasta 600 causas”. A eso se suma el pedido de información a entidades, el ir y venir de oficios, la espera que estos trámites contemplan, que pueden ser hasta dos semanas y que a veces ni siquiera tienen respuesta oportuna, advierte.