Caso Purga: Las investigaciones de Yanina Villagómez se desempolvan
Un expediente que la exfiscal del Guayas mandó a archivar es una indagación contra Jimmy Jairala
El nombre de Jimmy Jairala, prefecto de Guayas desde 2009 hasta 2018, aparece en el expediente del caso Purga.
No es investigado. Pero la Fiscalía decidió desempolvar una investigación de 2021 contra el político. La razón, es que el caso estuvo en manos de la fiscal provincial de Guayas, Yanina Villagómez, actualmente procesada en el caso Purga, quien pidió el archivo del expediente luego de que afirmara que no encontró evidencias.
El caso había comenzado con una denuncia por posible peculado durante un contrato para realizar la “capacitación de sobre formas de diálogo comunitario y familiar”, un contrato que databa de 2015 y por el que la Prefectura del Guayas pagó 60.000 dólares.
La indagación previa contra Jairala se vuelve importante porque la Fiscalía analiza los casos que pasaron por las manos de exfuncionarios judiciales, hoy procesados por una presunta delincuencia organizada.
Por ahora, según la Fiscalía, existen al menos 14 procesos en materia penal, constitucional y de garantías penitenciarias en los que habrían influido, ilegalmente, una parte de los funcionarios judiciales que son imputados. En total, en el caso Purga hay 25 procesados, entre estos jueces de la Corte Provincial del Guayas, secretarios, encargados del sorteo de causas, etc.
El 4 de julio próximo termina el plazo para la instrucción fiscal. Hasta ese día, la Fiscalía tiene previsto recopilar la información que permita determinar el delito de delincuencia organizada y los responsables.
Otros dos juicios que son analizados y que constan en el expediente están relacionados con Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano, hoy preso en la cárcel conocida como La Roca.
Se tratan de dos juicios civiles que presentó Andrés Benítez Pazmiño, gerente de Premium Camarón, una compañía que tiene relación con Agrocamarón, de la familia Muentes, a través del accionista Marco Antonio Suárez Coello.
Este último aparece como uno de los principales beneficiarios de transferencias bancarias, entre 2020 y 2024, en las que sumó pagos por 1,3 millones de dólares, según un reporte de Operaciones Inusuales, Injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador (UAFE).
Ambos juicios civiles son para lograr el cobro de 34.400 dólares de dos personas que se han negado a dejar sus terrenos, ubicados en la hacienda Las Mercedes, ubicada en la vía Durán-Boliche, en la parroquia Eloy Alfaro, del cantón Durán.
El gerente de Premium Camarón indica en el juicio civil que dos personas le vendieron, en febrero de 2022, “un lote de terreno de 207.008 hectáreas”, por un monto de 7.100 dólares, a cada propietario. No se especifica qué metraje corresponde a cada dueño.
Detalla que la venta se realizó ante la abogada Diana Sofía Yunes Pineda, notaria Vigésimo Segunda de Guayaquil. Allí, las partes, comprador y vendedores, habrían acordado salir del terreno en abril de 2022, “so pena de pagar el valor de 50 dólares diarios por la demora en el plazo estipulado”.
Ahora, la Fiscalía analiza estos procesos, pues la testigo Mayra Salazar, exrelacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas, indicó que Muentes se valía de otras personas para apoderarse de terrenos agrícolas, una tesis que él ha indicado que es mentira y que las palabras de Salazar solo buscan tener una reducción de su condena, en el caso Metástasis.
Además de los juicios que manejaron los funcionarios judiciales procesados, la Fiscalía también analiza información sobre sus acciones disciplinarias, quejas ciudadanas y sus órdenes de traslado, que les permitía, por ejemplo, a jueces penales de la Corte del Guayas pasarse a otras salas para emitir fallos.
