Investigan una presunta red de tráfico de combustibles, similar al caso Triple A
En el radar aparecen actividades de un nutrido grupo de personas y empresas. En un caso reciente aparece Aquiles Álvarez
La Fiscalía estaría investigando otra presunta red de tráfico de combustibles, según documentos que se han hecho públicos este fin de semana. En específico, dicha investigación abarcaría a un grupo nutrido de empresas que estarían involucradas en un supuesto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.
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Las empresas que estarían bajo el radar del Ministerio Público son: Oceanbat S. A., Métrica S. A., Vepamil S. A., Expodelta S. A., Hormigones Comerciales Hormicom C. A., Hormirock S. A., Abatangelo S. A., Vetrans S. A., Biofactor S. A., Motorgas S. A., Inmobiliaria Inmotornin S. A., Métrica del Pacífico S. A., Metripacif S. A., Hispanogroup S. A., Emuhold S. A., Global Shareholdings (GSH, de Costa Rica), Sea & Oil S. A., Seaoil S. A., Catepisa S. A., Hispana Holdings Sociedad Anónima (de Costa Rica).
La Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional lleva el caso, según los registros que llegaron a este Diario.
En el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se sanciona con uno hasta tres años de cárcel a las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente por la ley o la autoridad competente.
Pedidos de la Fiscalía, según documentos
Según los documentos que circulan y que revisó este Diario, la Fiscalía dispuso al Servicio de Rentas Internas que envíe la información del Registro Único de Contribuyente (RUC) de cada una de esas compañías.
Así también, se dispuso a la Coordinación Zonal de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Guayaquil que remita los datos personales de unas 30 personas.
En una revisión que hizo este Diario a las bases de datos públicas se identificó que una parte de las compañías citadas pertenece a un holding, el Grupo Vepamil.
Ayer, EXPRESO solicitó comentarios a dichas firmas, a través de mensajes a los correos electrónicos de sus registros. Están pendientes las respuestas.
¿A qué se dedica el grupo económico que integran empresas señaladas?
En 1994, “Vepamil S. A. incursiona en el negocio de combustibles como distribuidor de Mobil para atender la demanda industrial del país. Luego, mediante Decreto N.º 347, se aprueba la creación de comercializadoras y a inicios de 1995 Vepamil crea su propia red de distribución de combustibles, firmando un contrato directamente con Petroecuador. En marzo de 1998 ampliamos nuestras ventas de combustibles al sector pesquero y todo tipo de industria”, se lee en el portal web del grupo económico.
El nombre de una de las empresas mencionadas registra una denuncia por defraudación tributaria, con fecha del 29 de noviembre de 2019, según los registros de la Fiscalía.
Así también, varios nombres de las personas naturales que constan en los registros de la Fiscalía aparecen en denuncias relacionadas con “defraudación tributaria”, “gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas, de residuos”, “almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles”, entre otros.
Es similar a la presunta trama de tráfico de combustibles, cuyo caso, la Fiscalía denominó Triple A. Dicho caso se desprende de la denuncia presentada por el Gobierno de Daniel Noboa contra Aquiles Álvarez, su familia y su empresa, Copedesa, por un presunto tráfico de combustibles.
Los movimientos de la Fiscalía empezaron el 23 de julio con allanamientos simultáneos en las ciudades de Guayaquil y Milagro, provincia del Guayas.
Días atrás, José Julio Neira, secretario de Integridad, explicó que en ese caso “el acto ilícito consistía en usar las compañías denunciadas para la compra de diésel con subsidio, que debía ser comercializado dentro de un segmento específico, entiéndase automotriz, industrial o naviero, pero que en la práctica era desviado de un segmento a otro”.
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