El Estado invierte $935 por cada estudiante

En Sierra y Amazonía acaba de empezar el año lectivo 2024-2025. Hasta el ciclo anterior, que concluyó en junio, había 1’763.290 estudiantes. El 71 % de ellos en planteles públicos. Por cada uno, el Estado invierte alrededor de 935 dólares anuales, según un cálculo referencial del Ministerio de Educación.

Ese rubro comprende sueldos de profesores, personal del Departamento de Consejería Estudiantil y trabajadores administrativos. También el pago de servicios básicos como agua y energía eléctrica; limpieza y mantenimiento; insumos y materiales, conectividad; capacitación de maestros, textos escolares, alimentación y uniformes.

Sin embargo, no solo el Estado invierte en educación. Los padres de familia deben comprar material escolar y uniformes. El segundo fin de semana de este mes, en el centro de Quito y en zonas comerciales como la Lizardo Ruiz, en Cotocollao, al norte, niños y adolescentes caminaban con sus madres en busca de cuadernos y más.

Gina Iguago y su esposo compraron los útiles para sus hijos de 13 y 12 años. Gastaron 70 dólares. Los chicos estudian en el Colegio Eloy Alfaro. En uniformes invirtieron $ 250, más $ 100 en zapatos.

La madre trabaja en tareas de limpieza y el padre es taxista. “Si no hubiera educación pública, nosotros no podríamos pagar pensiones en colegios privados”, señala Gina. La semana pasada les dieron alimentos a sus hijos. “Leches y galletas, también unas compotas, que no les gustan mucho”.

A escala nacional 2,8 millones de estudiantes de más de 12 mil planteles reciben alimentación escolar. El Ministerio invertirá 115 millones de dólares en este rubro, hasta el 31 de marzo del 2025. Además, confirmó a EXPRESO que 695.658 estudiantes, de planteles interculturales bilingües, recibirán uniformes. El 40,9 % del total.

Se trata de alumnos de las Unidades Educativas del Milenio, colegios réplicas, instituciones siglo XXI, así como de los centros llamados Guardianes de la Lengua y Saberes.

Marcia Pila, de 40 años, tiene tres hijos de 15, 12 y 7, que empezaron el primero de bachillerato, octavo y tercero de básica respectivamente, en el Colegio Juan Montalvo y en la Escuela Tufiño. No recibieron uniformes. Pero agradece que los libros los entrega el Estado. Con los chicos vende tomatodos, pinturas, marcadores, esferos y membretes, en la Lizardo Ruiz. Juntan dinero para comprar los útiles escolares. El padre no los apoya en nada, hace un año se fue a EE. UU.

Pero los apuros económicos de las familias también se evidencian en paralelos con menos estudiantes. Eso comentan, por ejemplo, los profesores del Colegio Benito Juárez, del sur de Quito, quienes piden la reserva de sus nombres.

“Empezamos este nuevo año con incertidumbre. Al momento hay dos paralelos menos en la básica superior y el bachillerato. Se cerró la jornada nocturna. En los listados hay de tres a cinco estudiantes menos en cada aula. Y hay profesores sin carga horaria”.

En una investigación de Juan Pablo Bustamante, especialista en educación, se señala que existen más de 350.000 niños y adolescentes fuera de la escuela. Sus datos van del 2018 al 2023. Su estudio concluye que el 30 % accede al desarrollo infantil, 50 % a educación inicial, 90 % a educación general básica y 68 % a bachillerato.

Bustamante cita un cálculo del Banco Mundial que indica que del conjunto de la población matriculada en el país, más de 6 de cada 10 estudiantes de 10 años de edad no entienden necesariamente un párrafo que leen.

“Eso evidencia una crisis de aprendizajes profunda, estructural e histórica que se agravó con la pandemia. Hoy, siete de cada 10 estudiantes están en una situación de riesgo educativo, rezago escolar o pobreza de aprendizajes por la ausencia de una oferta adecuada”.

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