Isspol fue el ‘chambero’ de fideicomisos

Papeles chatarra. Papeles sin rentabilidad. Mala gestión de riesgos. Todo esto parece haberse juntado para que hoy el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) tenga más de 800 millones de dólares que aún no puede cobrar, que están vencidos y para muchos de los cuales ni siquiera hay una propuesta de pago de los deudores.

Aquí no solo están incluidos los papeles que el Instituto negoció con empresas de Jorge Chérrez, sino de fideicomisos, facturas comerciales y obligaciones de unas 50 compañías que no han podido pagar algunos de los papeles que ya se han vencido.

Varios fideicomisos de proyectos inmobiliarios han caído en mora y uno de ellos es Terrabienes, que en 2013 fue parte de un escándalo debido a lo que la justicia llamó “estafa” masiva a cientos de familias que esperaban tener su casa propia, pero que sin embrago su dinero no se devolvió. A pesar de que se dictó orden de prisión para sus directivos, que cumplieron ya la sentencia, el Isspol no puede recuperar aún los $ 1,4 millones invertidos.

En este caso hay otros afectados, como Mutualista Pichincha, Banco General Rumiñahui y unas 900 personas naturales. Carlos Soria, de Mutualista Pichincha, señala que tras años de litigios y demoras esperan lograr ejecutar la sentencia que les permitiría tomar el terreno del proyecto Olivos del Río, pero cree que será necesario un acuerdo integral con los acreedores. Pero todos deberán estar conscientes de perder parte de sus inversiones.

Ese mismo año Proinco Inmobiliaria (Maktrade) fue declarada en disolución por la Superintendencia de Bancos, quedando 3 millones incobrables para el Isspol. La cesión de derechos fiduciarios fue una figura muy usada en las empresas para obtener financiamiento del Seguro Policial. Mientras otro tipo de obligaciones, facturas comerciales y papel comercial están colocados en empresas que hoy están en proceso de liquidación, mientras otras están en proceso para lograr acuerdos con una entidad a la que se la ha mantenido desinstitucionalizada, sin procesos y hasta sin un programa operativo: las cuentas se llevan solo en Excel. Tampoco hay procedimientos para lograr acuerdos.

• Empresas eran contactadas por personas o casas de valores para proponer al Isspol comprar papeles.
• Estas casas de valores, según fuentes policiales, armaban el proyecto y pasaban supervisiones.
• Calificadoras de riesgo, por contubernio o bajo engaño, daban buena calificación a los papeles.
• Las comisiones que pagaban empresas para emitir papeles sin buen respaldo eran de hasta 4 %.
• En el Isspol pasaban por el departamento de riesgos sin objeción alguna.
• Los papeles eran comprados principalmente por inversionistas institucionales.

En esta cesión de derechos fiduciarios aparece también Plaza Proyecta, un proyecto que no se ha podido terminar y que ha tenido efectos colaterales: ha dejado impago a Construdipro. Los derechos fiduciarios si bien los tiene el Isspol, este fideicomiso tuvo relación con Firesa (Financiera de la República) en liquidación, una financiera que según fuentes policiales tenía relación con Héctor San Andrés, uno de los flancos de inversión que tuvieron los exadministradores de la entidad policial. $ 4’659.034 es lo que le debe a Isspol este proyecto en Samborondón.

Los deudores de este fideicomiso son Alfonso Jalil Álvarez, Inversiones Inmobiliarias Guayaquil, Daniela Jalil Álvarez, Cobranzas Eficientes S.A. y Bayfros S.A. EXPRESO se contactó con el grupo Aries, donde trabaja Jalil Álvarez, pero él no se encontraba; la recepcionista tomó los datos y el pedido de entrevista.

Según Construdipro, que por esta razón registra también atrasos con el Isspol, el motivo principal de este atraso en el pago es debido a que el flujo “que teníamos para el pago de estos valores fue afectado porque el Fideicomiso Plaza Proyecta, cuyo beneficiario único es la Isspol, nos adeudaba 1,1 millones desde el año 2017”.

Conocemos que la Isspol instruyó a la fiduciaria para que nos cancele estos valores, sin embargo, esta no cumplió con el pago, por lo que Construdipro demandó el pago por la vía judicial, “habiendo reconocido nuestros derechos en las 2 instancias del proceso, deuda que en los términos de la sentencia está en 1,7 millones de dólares”.

Para resolver el tema, la empresa plantea varias alternativas: dación de pago de bienes inmuebles; que Isspol instruya al fideicomiso que les pague los valores que adeuda “para que estos valores sean cedidos de forma inmediata por parte nuestra al Isspol”.

“No conocemos quiénes son los constituyentes, pero sí conocemos que el beneficiario del fideicomiso es el Isspol; no conocemos si el señor San Andrés lo llevó al Isspol, pero el mencionado señor fue el gerente del proyecto delegado por el Seguro de la Policía para que apruebe los pagos, sin embargo, no nos aprobó el pago. A inicios de la relación, el gerente del proyecto fue el señor Jalil”.

La empresaServicios Drilling Technologies (SDT) también tiene deuda con Isspol. Esta se dedica a alquiler con fines operativos, sin operadores, otros tipos de maquinaria y equipo operacional que suelen ser utilizados como bienes de capital por las industrias: motores y turbinas, máquinas herramienta, equipo de minería y de extracción de petróleo.

Centinela Costa Club es otra inversión fallida hasta ahora, y ha hecho una propuesta de pago al Isspol. EXPRESO no pudo conocer los detalles. Los teléfonos que aparecen en la página web del proyecto habitacional ubicado en Santa Elena no responden. Tampoco ha sido respondido el correo donde este Diario solicita a la empresa que explique por qué se ha dado el atraso. La deuda es de más de 8,3 millones de dólares, según el reporte de la entidad policial.

La cesión de derechos fiduciarios de esta inversión suponía un retorno del 9 %, un porcentaje muy similar al de otros proyectos impagos: La Esperanza y Fideicomiso Ismarly, cuyos constituyentes no pudieron ser contactados por este Diario.

Entes en disolución deben $ 9,4 millones. En el reporte de deudores del Isspol -Instituto de Seguridad Social de la Policía- al que accedió Diario EXPRESO constan como deudores impagos varias compañías en distintos tipos de papeles: obligaciones, papel comercial y facturas comerciales.

Yaglodvial es una de ellas, con la suma de 1,2 millones de dólares pero con una propuesta de pago. Este Diario contactó a la empresa por correo electrónico, pero no autorizó a divulgar el contenido de este.

Entre los deudores del Isspol hay tres empresas que tienen algo en común, están en proceso de disolución y liquidación. Entre Credimétrica, Agrícola Pura Vida, Neimpro, Fercosa, Cetivehículos y su relacionada Anglo Automotriz suman acreencias por más de 9,4 millones de dólares. EXPRESO envió correos a estas empresas sin que haya tenido respuestas. A estas se suman Delcorp, Ecuagran y Fertisolubles, cuyo principal accionista era Gad Goldstein. También están en proceso de liquidación.

Carmen Flores, gerente de Neimpro, señala que están tratando de resolver el trámite de disolución que lleva la Superintendencia para volver a operar con la empresa, que le adeuda 2,4 millones a la entidad policial, que tiene un terreno como garantía. Acusa a su exgerente de desviar los recursos obtenidos, pero que ella busca pagar la deuda luego de que la empresa esté activa.

Superdeporte (dueña de Marathon Sports) también le debe $ 2,42 millones al Seguro de la Policía y le ha hecho una propuesta de pago de dichas acreencias. La empresa no quiso pronunciarse sobre dicha deuda. La figura de la acreencia es reporto de acciones.

Casa Moeller-Martínez, Unicol/Nutril, Green Oil, Surpapel Corp, Ecuafuentes (relacionada con Cetivehículos por uno de sus accionistas) y Asphaltvias también tienen cuentas pendientes.

Diario EXPRESO envió la solicitud a los correos institucionales que aparecen en la Superintendencia de Compañías pero no obtuvo respuesta.

En total las empresas del sector privado (incluido los fideicomisos) cuyos papeles están vencidos (con o sin propuesta de pago) suman 119,9 millones de dólares, mientras los bonos de deudas (repos y swap) totalizan $ 685 millones atrasados.

Aunque los mayores deudores privados que no han pagado son Delcorp/Fertisolubles, Ecuagran y Centinela Costa Club, la UTE (Universidad Tecnológica Equinoccial) tiene vencidos 6,9 millones. En abril de 2020, “por iliquidez originada en las medidas restrictivas” impuestas a raíz de la pandemia de la COVID-19, la universidad no pudo pagar dividendos del crédito.

“No obstante, esa circunstancia de fuerza mayor por la que la UTE no podía ser considerada como deudor en mora...”, señala la universidad en un comunicado.