Un jalón de orejas a la Asamblea

Como a niños mal portados: así fue el jalón de orejas que recibió el Primer Poder del Estado la tarde del jueves. Tres integrantes del Comité por la Institucionalización Democrática, que impulsa un proyecto de reforma constitucional maltratado por la Asamblea, se presentaron ante el Pleno y recordaron a los legisladores cuáles son “sus limitaciones” y en qué consisten “sus obligaciones éticas”. Pablo Dávila, Hernán Pérez Loose y Simón Espinosa defendieron la integridad del proyecto, que una comisión ocasional presidida por Elizabeth Cabezas mutiló en una de sus partes esenciales. Quizá porque la hora de los noticieros ya había pasado, quizá porque el terminante llamado de atención de los proponentes no había sido aún bien digerido, lo cierto es que el debate quedó para otro día.

Tres puntos contempla el proyecto de reformas: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana; separar a la Fiscalía de la Función Judicial y convertirla en un organismo independiente; reestructurar el Poder Legislativo convirtiéndolo en un órgano bicameral. Este último es el que quiere escamotear la comisión de Elizabeth Cabezas. ¿Por qué no puede hacer eso? Dávila se lo recordó con cortesía pero con firmeza: porque esta propuesta cuenta con las firmas de respaldo de más de 300 mil ciudadanos y ha cumplido con todos los pasos que la Constitución establece para la práctica de la democracia directa, que es una de las principales formas como el pueblo ejerce su soberanía. Ha pasado, además, el control de constitucionalidad a cargo de la Corte correspondiente.

“La Asamblea está obligada a respetar la esencia del proyecto de iniciativa ciudadana -dijo Dávila-. De lo contrario, se convertiría en un proyecto de iniciativa legislativa”. Habría dado lo mismo, explicó, si en lugar de tomarse el trabajo de recoger las 300 mil firmas necesarias los autores de la iniciativa hubieran buscado un asambleísta que se comprometiera a auspiciar el proyecto. “300 mil ciudadanos quieren elevar un tema a consulta. La Asamblea Nacional no puede ser un obstáculo para que se cumpla ese propósito”.

Ya lo había advertido Héctor Muñoz (ex SUMA), uno de los integrantes de la Comisión, quien nunca estuvo de acuerdo en suprimir el tema de la bicameralidad: “esto puede traer consecuencias jurídicas”. Para Elizabeth Cabezas, basta el hecho de haber debatido a fondo el tema como argumento para eliminarlo. Ella ha declarado que no se puede deslegitimar lo actuado por su comisión por el simple hecho de que no coincida con la aspiración del Comité por la Institucionalización Democrática. Olvida que el Comité representa la voluntad de 300 mil ciudadanos.

La novedad (sobre la que nadie en la Asamblea se ha pronunciado aún) vendrá en el debate: Dávila reivindicó el derecho de los integrantes del Comité de participar con voz en las deliberaciones, cosa que no tiene antecedentes en las últimas legislaturas pero está claramente establecido en la Constitución. Ellos habían sido llamados “en comisión general”, que es la fórmula que utiliza la Asamblea para interrumpir la sesión y escuchar a personas ajenas a su seno. Dávila les recordó que no era la figura adecuada.