Jorge Glas dilata por octava vez la audiencia del caso Reconstrucción de Manabí
La diligencia por posible peculado se postergó para el 11 de diciembre
Desde hace siete meses, la Fiscalía General intenta presentar su dictamen en el caso Reconstrucción de Manabí, una investigación por peculado sobre los presuntos malos manejos de los recursos públicos.
Este martes 3 de diciembre del 2024 fue el octavo intento por instalar la audiencia preparatoria de juicio. Los imputados son nueve personas, entre los que destacan altos exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, como el exvicepresidente Jorge Glas, el exministro de Obras Públicas, Walter Solís, el exsecretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal entre otros.
Sin embargo, la diligencia no se pudo concretar y debió de ser diferida para el próximo 11 de diciembre, a las 08:00, en la Corte Nacional de Justicia.
La noche del lunes 2 de diciembre, Glas pidió un diferimiento. Aseguró que su abogado, Vanessa Pullas, estaba internada en una casa de salud privada, debido a una insuficiencia renal.
Para la fiscal Diana Salazar, el certificado médico no era de una entidad pública y tampoco había sido validado, además, era copia simple, por lo que pidió que la defensa de Glas sea asumida por el defensor público Diego Jaya. Para Salazar, se trata de un nuevo intento por dilatar el desarrollo del proceso penal.
Su petición fue respaldada por la Procuraduría y el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), como acusadores particulares. Esto hizo que el juez del caso, Julio Inga, ordenara que el defensor público brinde la asistencia técnica de Glas, pero este señaló que no estaba listo y pidió tiempo para conocer el caso y preparar una estrategia legal.
¿Qué es el caso Reconstrucción de Manabí?
Para la Fiscalía, tras el terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí y Esmeraldas, mediante el Decreto Ejecutivo 1004 se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, que estuvo presidido por el exvicepresidente Glas y que, para dar seguimiento a las acciones de dicho Comité, se creó la Secretaría Técnica a cargo de Carlos Bernal.
En este contexto, el 20 de mayo de 2016 se expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto, cuyo propósito era recaudar contribuciones solidarias que permitieran la planificación, construcción, reconstrucción de la infraestructura pública y privada, y la reactivación productiva.
Mediante esta Ley, entre 2016 y 2020, se recaudaron 1.614’348.387,20 dólares (monto por las contribuciones solidarias y 2% de IVA).
En la sesión del Comité llevada a cabo el 22 de mayo de 2017, se priorizó el financiamiento de 584 proyectos, luego de la exposición presentada por Pablo Ortiz, en la que se incluyeron otros sectores que no fueron conocidos en sesiones anteriores y sin que se contara con la aprobación de los otros miembros del Comité en esa fecha.
A decir de Fiscalía, “este fue un medio para eludir procedimientos de contratación pública al priorizar proyectos distintos a los que debían ser catalogados como emergentes y favorecer a terceros en perjuicio del Estado ecuatoriano”.
La investigación de la Fiscalía determinó que existiría un presunto abuso de dinero público en beneficio de terceras personas, naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos.
La investigación se ha centrado en 30 proyectos a cargo de seis entidades ejecutoras, cuyo valor global asciende a 367’478.972,30 dólares, financiados con fondos de la Ley de Solidaridad.
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