Juan Cristóbal Lloret: “Deudas, sueldos y gasolina no se pagan con bonos”

El prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, está por cumplir su primer año de gestión. La recuperación de vialidad es un tema que atañe su gestión y une esfuerzos a otras autoridades de la provincia.

Dentro de la palestra pública se ha desempeñado en varios cargos, tanto de elección popular como funcionario público. Fue asambleísta nacional en dos períodos y ocupó la Gobernación del Azuay. También es el director provincia del movimiento Revolución Ciudadana en Azuay.

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¿Cuál fue el estado de la red vial de Azuay cuando retiró su carga?

Apenas el 6% de la red vial de Azuay, de 6.000 kilómetros entre red secundaria, terciaria y caminos vecinales, se encuentra ejecutada en asfalto doble tratamiento. En 200 años que cumple la Prefectura este año se han logrado construir solo 360 kilómetros en asfalto y es una muestra del abandono en el que se encuentra la provincia.

¿Qué acciones se ha tomado para recuperar las vías secundarias y terciarias de la provincia?

En los 10 meses de gestión hemos intervenido 136,87 kilómetros de vías y de esta cifra 58,82 kilómetros hicimos en asfalto nuevo, en doble tratamiento superficial bituminoso 21,83 kilómetros y 56 kilómetros han pasado por un proceso de bacheo. Esta intervención ya marca una diferencia con respecto a todo lo que han hecho administraciones anteriores y esto responde a un proyecto para transformar la matriz vial de la provincia.

¿Cuál es el objetivo con la intervención en las vías estatales que no son competencia de la institución como la Guayaquil - Cuenca?

En este camino ya hemos firmado un convenio para hacer tareas de limpieza de cunetas y bordillos en las vías Cuenca- Molleturo-El Empalme y la Cuenca-Girón-Pasaje, pero esta no es la solución para las vías del austro. Nuestra propuesta es que se nos entregue la competencia de gestión de la red vial estatal por 30 años. Para esto contamos con un proyecto integral que contempla establecer un sistema de peajes que será manejado por un consorcio conformado entre las municipalidades de Cuenca, Azogues y las prefecturas de Azuay y Cañar. Además, contemplamos una inversión, en los próximos cinco años, de alrededor de 320 millones de dólares y un retorno de la inversión del 12 %. Sin embargo, nos entreguen o no las competencias, siempre exigiremos que se termine la desidia que se ha tenido con nuestra provincia y sus vías.

Una parte de las deudas del Estado con la institución fueron canceladas con bonos, ¿Qué implica esto y cuál es la situación actual de la Prefectura del Azuay?

Recientemente negociamos el pago de una parte de las deudas que dejaron los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso con bonos soberanos con un plazo de cuatro años. También negociamos algunas deudas que manteníamos con el Banco del Estado y nos quedó un saldo a favor, en bonos, de 6 millones de dólares. Al finalizar el plazo de los cuatro años, que será en marzo de 2026, se podrán cobrar los bonos y los intereses generados a una tasa anual del 6 %. Pero esta negociación no soluciona la compleja realidad de la Prefectura, recordemos que deudas, sueldos y el combustible no se pueden pagar con bonos. Además, el Gobierno de Daniel Noboa aún mantiene pendientes las asignaciones de los meses de diciembre, enero y febrero, lo que establece una deuda de más de 7 millones de dólares y esto limita la liquidez de nuestra institución. El impacto de esta falta de pago es directo en los proyectos que tenemos para toda nuestra gestión.

¿Cuál es su criterio sobre la próxima consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa?

Respeto la libertad democrática del presidente de convocar a una consulta popular al pueblo, sin embargo, pagar 60 millones de dólares en un proceso electoral en el cual se resolverán temas que pudieron pasar como reformas en la Asamblea Nacional. Hay que tomar en cuenta que luego de que el pueblo se exprese en las urnas, el presidente deberá preparar un proyecto para que pase por la Asamblea Nacional. Siento que, sin cuestionar el objetivo de generar un proceso participativo para el pueblo, estos recursos se pudieron invertir en otras necesidades de los ecuatorianos.

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