La Judicatura debe inventariar áreas y mobiliario subutilizado
La Contraloría emitió recomendaciones sobre bienes contratados en emergencia judicial. El organismo analizó el uso de recursos públicos en esa etapa
Las posibles consecuencias de supuestas irregularidades registradas en contrataciones por la emergencia judicial decretada en 2011 por el entonces Consejo de la Judicatura de Transición siguen apareciendo diez años después.
La Contraloría analizó, en dos exámenes especiales, la utilización de recursos públicos durante esa emergencia. Tras el análisis vinieron recomendaciones. Una de ellas es la de inventariar áreas y mobiliario subutilizado que se contrató durante esa etapa decretada en septiembre de 2011 como medida para garantizar el acceso a la justicia.
Los auditores de la Contraloría, en las acciones de control, revisaron el cumplimiento de la normativa técnica y legal en contratos que alcanzaron los 91’659.659 dólares.
Los montos fueron destinados a la elaboración de diseños, fiscalización y construcción de unidades y complejos judiciales en varias provincias.
El organismo de control señala que se hicieron consultorías para estudios y diseños en cuyos procesos contractuales se establecieron plazos de ejecución de entre 15 y 60 días calendario, según el proyecto.
Pero, en el informe se señala que, según la naturaleza y objetivos de la emergencia debieron ejecutarse de forma oportuna, pero se demoraron más de 15 veces los tiempos previstos para la liquidación.
La falta de legalización oportuna de terrenos, demoras en aprobación de planos por los gobiernos seccionales y cambios continuos en áreas y el dimensionamiento de las edificaciones, motivaron los retrasos.
El análisis también determinó que no se prestó atención a las solicitudes de los consultores para la revisión y aprobación de productos y “las máximas autoridades no dispusieron la aplicación de sanciones ante los incumplimientos contractuales”.
Por ejemplo, en el Complejo Judicial norte de Quito, previo al inicio del contrato de estudios y diseños para su construcción, no se prepararon términos de referencia, pliegos, metodología de evaluación y condiciones específicas. Tampoco antes de iniciar las contrataciones para los diseños y estudios en Alausí, Chunchi, Samborondón y dos unidades especializadas en Guayaquil.
El resultado, según el informe, es que se contrató a profesionales que no demostraron capacidad técnica y operativa para los trabajos y los productos entregados presentaron inconsistencias en su contenido.
Las deficiencias provocaron la erogación de 742.171 dólares por estudios que no fueron aplicables totalmente en la construcción del inmueble.
La construcción de la infraestructura también presentó novedades. La Contraloría dice que hubo errores en las estimaciones del trabajo que se necesitaba y obligaron a la entidad a firmar convenios de pago por 9’886.999 dólares.
Se detectaron desembolsos injustificados por casi un cuarto de millón de dólares por la instalación de materiales que no cumplieron con las especificaciones técnicas. Hubo diferencias entre los precios unitarios de los contratistas en las ofertas y los que cobraron. Por esa causa, en Azogues se pagaron 47.223 dólares en exceso.
Hubo novedades en el cantón Pichincha, Manabí. También en Chimborazo, Pastaza, Guayas, Tungurahua y Bolívar, donde las unidades judiciales se sobredimensionaron, por lo que se observan áreas y mobiliario sin utilizar. En el cantón Olmedo no se analizaron las necesidades poblacionales. Se contrató trabajos preliminares por 175.319 para una unidad no ejecutada.
EXPRESO consultó al Consejo de la Judicatura sobre la aplicación de las recomendaciones. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta. El vocal Juan José Morillo indicó que el vocero oficial en el tema se encuentra con permiso.
Diagnóstico
Las anomalías siguieron
Las supuestas anomalías en contrataciones en obras para las edificaciones judiciales no solo se habrían dado en 2011.
Habrían seguido en la administración del expresidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh y en el Consejo Transitorio presidido por Marcelo Merlo, según denunció en septiembre de 2019 la presidenta del organismo María del Carmen Maldonado.
La funcionaria señaló, durante la presentación del plan estratégico de la Función Judicial 2019-2025, que se identificaron irregularidades en 82 contratos por liquidar, por un monto de 26 millones de dólares. Las novedades se presentaron durante un diagnóstico técnico.
El detalle
Acciones. En 2019, la Contraloría informó del inicio de 12 exámenes de auditoría en Complejo Judicial norte.
