La Judicatura debe ofrecer disculpas al presidente de la Corte Iván Saquicela
Lo dispuso la Corte del Azuay al considerar que se vulneraron sus derechos cuando fue suspendido en funciones
La sala de lo Penal de la Corte de Justicia del Azuay resolvió la apelación de la acción de protección que presentó Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia en contra de la suspensión dispuesta por el dos vocales del Consejo de la Judicatura.
Los jueces declararon la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa y a la motivación de las resoluciones del poder público.
El tribunal dispuso dejar sin efecto el acto administrativo impugnado en el que se había dictado la medida cautelar de suspensión y ordenó que se le deberá restituir de manera inmediata a su cargo en el que se reintegró el lunes.
A Saquicela se le tienen que cancelar los valores no percibidos durante el mes y medio que duró su suspensión, así como la cancelación de los beneficios que por ley le corresponde.
La sentencia señala que el Pleno del Consejo de la Judicatura, a través de su página web, en todas sus redes sociales y en uno de los medios de prensa escritos de mayor circulación del país, ofrezca disculpas públicas a la Función Judicial del Ecuador, en la persona de Iván Saquicela. El organismo, dice el fallo, no deberá repetir estas actuaciones en contra de ningún funcionario judicial y le dio 30 días para el cumplimiento.
"El daño emocional que causa la suspensión puede ser incalculable y depende mucho de la personalidad de cada individuo, sin embargo, durante este tiempo el accionante ha tenido que afrontar a la opinión pública que le causó daño, por lo que deberá recibir apoyo necesario por profesionales en la materia", manifiesta la resolución. Durará el tiempo que se considere necesario. Los costos deberán ser cubiertos por los vocales Fausto Murillo y Juan José Morillo.
A la Judicatura se le dispuso capacitar al personal en materia disciplinaria para que cumpla con el ordenamiento jurídico vigente a fin de no causar daño y perjuicio a la institución, ni a sus funcionarios "pues a pretexto de celeridad no se pueden violentar derechos constitucionales".
Finalmente dispuso que se determine si en el expediente disciplinario contra Saquicela se habrían violado derechos y garantías.
