Judicatura Ecuador: ¿Quiénes son los dos jueces provinciales destituidos?
El Pleno aprobó la destitución de los jueces, luego de conocer los expedientes disciplinarios
Durante una sesión ordinaria, el Pleno de Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a dos jueces el 29 de noviembre de 2024, luego de conocer los expedientes disciplinarios que se generaron en contra de los ahora exmagistrados Fernando Mauricio Larriva Gonzáles, de Azuay, y de Juan de Dios Merlin Benítez, de Portovelo, provincia de Los Ríos.
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Los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Merck Benavides y el presidente del CJ, Mario Godoy, aprobaron por unanimidad las destituciones de ambos jueces, tras acoger las recomendaciones de la Subdirección de Control Disciplinario de la Judicatura.
El juez Fernando Mauricio Larriva Gonzáles faltó al trabajo
De acuerdo con la lectura del expediente disciplinario, el abogado Fernando Mauricio Larriva González, juez de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, no habría registrado marcaciones de su asistencia los días 14, 15, 16, 17 y 20 de noviembre de 2023 sin que estén justificadas.
Según los elementos probatorios, donde hay informes de Talento Humano de esa Corte, Larriva González abandonó su lugar de trabajo durante cinco días laborales en el año anterior, "por lo que se configura la falta disciplinaria por haber abandonado su sitio de trabajo por más de tres días consecutivos y no presentó una justificación sobre estas inasistencias", dijo un funcionario de la Judicatura.
Tras leer el expediente, se recomendó declarar al juez responsable de haber incurrido en el abandono de trabajo sin justificación alguna e imponer la sanción de destitución. El vocal Benavides consultó si Larriva González había obtenido sueldo durante estos meses, pero se conoció que tenía una destitución anterior.
Luego, el funcionario del CJ dijo que "en Azuay hay una serie de problemas" y que el magistrado separado dejó sentencias pendientes.
El juez Juan de Dios Merli Benítez incurrió en error inexcusable
El otro caso es el del juez Juan de Dios Merli Benítez, quien era magistrado de la Unidad Judicial Multicompetente de Portovelo, provincia de El Oro.
El Pleno conoció dos expedientes disciplinarios en contra del juez en donde se señala que él trató dos casos: uno por cobro de pagarés y otro por cobro de dinero. Tiempo después, el 22 noviembre de 2020 la compañía involucrada en la causa planteó excepciones de prescripción e incompetencia del juzgador argumentando que el lugar de pago era en Suecia.
Merli Benítez aceptó la excepción de incompetencia territorial inhibiéndose del conocimiento del caso. Luego, tras la presentación de un recurso de apelación, el caso llegó a la Sala Civil de la Corte Provincial de El Oro y los jueces determinaron el 14 de nov de 2023 que incurrió en error inexcusable.
Esto porque el ahora exmagistrado había aceptado "erróneamente la excepción de incompetencia basándose en normas derogadas del Código de Procedimiento Civil en lugar de acogerse a lo que dispone la ley, que establece que el juez competente es el del domicilio del demandado, en este caso Portovelo", se leyó en la sala de la Judicatura.
Ante los hechos, la Subdirección de Control Disciplinario recomendó declarar a Benítez responsable de la infracción, al considerar que "ha provocado una vulneración clara a los derechos al debido proceso y seguridad jurídica, se adecua la infracción disciplinaria que es haber actuado dentro de causa con error inexcusable".
Merli Benítez presentó el 29 de noviembre un escrito a la Judicatura para que se realice una audiencia oral por el expediente, pero se recomendó negarlo porque ha dilatado el proceso
Por otro lado, se lo señaló por haber actuado con manifiesta negligencia porque no convocó a una audiencia preliminar en los términos permitidos y ha dejado pasar más de dos años incumpliendo los plazos establecidos y vulnerando el principio de celeridad.
"Excede irracionalmente con el trámite ordinario que ya van 3 años, con actuación sospechosa y descuida del juez, lo que afecta a derecho de la tutela efectiva", se leyó ante el Pleno. Por este caso, también se dispuso su destitución.
Se genera inhabilidad para cargo público
En ambos casos, se ordenó remitir copias de la resolución al Consejo de la Judicatura y notificar al Ministerio de Trabajo sobre la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que generan los procesos de destitución contra los servidores estatales.
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