La Judicatura, tras el juez que blindo el caso del tio de Glas

Hace 15 días, el juez Patricio Baño declaró la reserva de la instrucción fiscal que investiga a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, y otros, por presunta asociación ilícita.

El pedido lo formuló la fiscal Diana Salazar, quien investiga el caso. Según el judicial, la asociación ilícita es uno de los delitos que se encuadran en los crímenes contra la estructura del Estado y debe ser reservado para terceros.

La actuación del juez fue cuestionada hasta por los defensores de los procesados, porque de ser un proceso público como dispone el Código Orgánico Integral Penal (COIP), pasó a la reserva para terceros.

Ivonne Núñez, abogada de Rivera, impugnó la resolución. Hasta el momento no ha sido resuelta por Baño. La defensora dijo que su cliente es de los más interesados en que se conozca la verdad del proceso.

Desde el Consejo de la Judicatura se informó que el ente no puede pronunciarse sobre un caso específico, sobre todo porque, de existir una queja formal por error inexcusable (figura en la que podría incurrir Baño si no tiene sustento para su decisión), le correspondería al Consejo receptar y procesar esa queja y no puede adelantar criterios.

EXPRESO conoció, sin embargo, que ya se abrió un sumario al juez para verificar si su actuación constituye o no un error inexcusable.

El exfiscal y catedrático universitario Pablo Encalada está de acuerdo con que la declaratoria de reserva del proceso es ilegal. Y sobre el sumario, Encalada está “radicalmente en contra, pues se basan en ese perverso artículo del Código de la Función Judicial que faculta al Consejo de la Judicatura a destituir jueces y fiscales por ‘error inexcusable’”.

Para el catedrático, que un órgano administrativo revise decisiones jurisdiccionales es una locura. Esa ha sido la herramienta para controlar a los jueces, señala. Él urgió la reforma de ese artículo para dotar de independencia interna al sistema de justicia.

El abogado Cristóbal Buendía coincide en que es ilegal la reserva.

Según la Fiscalía, Rivera habría recibido sobornos por parte de la constructora Odebrecht “como pago del 1 % de todo contrato que suscriba la compañía en el Ecuador, tanto de los principales como los complementarios”.

Según la fiscal, para ello se aprovechaba del parentesco con altos funcionarios. Por esos contratos, Odebrecht habría entregado 13 millones de dólares entre 2012 y 2013, mediante transferencias electrónicas y entrega de dinero en efectivo. La instrucción inició el pasado 3 de junio. Hasta el momento se ha practicado el reconocimiento del lugar donde se habrían entregado las supuestas coimas.

Además el lunes, en Criminalística, se desarrolló la apertura de los archivos contenidos en una memoria entregada por el colaborador 1 de Odebrecht al fiscal Carlos Baca, quien firmó un acuerdo con la constructora.

La Fiscalía recibirá 24 versiones en la instrucción por asociación ilícita

Desde el miércoles, la fiscal Diana Salazar recibirá las versiones de 24 personas dentro de la instrucción fiscal que por presunta asociación ilícita investiga en el caso Odebrecht.

Entre los convocados se encuentra Carlos Pareja Cordero, quien se encuentra en Perú tramitando un pedido de refugio.

La fiscal Salazar, coordinadora de la Unidad de Lucha contra la Corrupción e Impunidad, investiga el presunto delito que involucra a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, y otros.

Entre los convocados se encuentran funcionarios de Petroecuador, para quienes la fiscal pidió que Talento Humano brinde facilidades para su asistencia.

También fue citado Marco Calvopiña, exgerente de Petroecuador, actualmente detenido e investigado por presunta delincuencia organizada. Para 10 de los llamados se pidió ayuda policial para su ubicación.