La Judicatura propone, en un proyecto, modificar temas de violencia sexual y caducidad de la prisión

A menos de dos meses del cambio de gobierno y de la mayoría de asambleístas, un nuevo proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) llega a la Asamblea. La iniciativa es del Consejo de la Judicatura que presentó un proyecto de ley este lunes 22 de marzo de 2021 en el Legislativo. 

En el documento se propone modificar temas de violencia sexual y caducidad de la prisión preventiva. En ese sentido la Judicatura plantea modificar, entre otros, los artículos 104 y 109 del COFJ para reforzar los mecanismos de investigación y sanción de casos de violencia sexual en los que se encuentren involucrados servidores judiciales.

La propuesta es que, de presentarse esos casos en la Función Judicial y que son también infracciones penales, el consejo destituya a quienes resulten responsables de violencia sexual en contra de cualquier persona, independientemente de las responsabilidades civiles o penales que correspondan. 

Ana Karen Gómez, representante de la asociación Mujeres por la Equidad de Género, señaló que el Ecuador registra, desde enero 20 femicidios. Para la activista la cifra es alarmante y es necesario luchar contra la violencia que es una tarea de todos los sectores.

Gómez recordó que los agresores se encuentran mayoritariamente dentro de las instituciones que deben proteger a las víctimas, de ahí la relevancia de la propuesta de la Judicatura.

Pero las sugerencias también se dirigen hacia el sector carcelario para disminuir el hacinamiento en los centros carcelarios. La Judicatura propone que, para guardar armonía con el artículo 77, numeral 9 de la Constitución y, para aportar en la reducción del hacinamiento en las cárceles, hace falta que en el artículo 109 del COFJ se establezca que los servidores judiciales que permitan que la prisión preventiva caduque, incurren en una falta gravísima. Y, por esa falla, deberían ser sancionados.

Otra sugerencia apunta a reformar el artículo 108 numeral 6 del Código para que el Consejo pueda sancionar con la suspensión del cargo, sin goce de remuneración y por hasta 30 días, a los servidores que no fundamenten debidamente sus actos administrativos. Añade también cuando se haya declarado, en vía jurisdiccional, que en las sentencias o resoluciones y en la sustanciación de las causas se han violado los derechos y garantías, previstos en la Constitución.

El organismo apunta también a que en el artículo 97 se aumente un numeral que determine que los funcionarios que sufran una enfermedad catastrófica o accidente grave, debidamente certificados, tendrán licencia con remuneración hasta por seis meses. También el uso de dos horas diarias para su rehabilitación en caso de prescripción médica. La propuesta se refiere a las actividades en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19.

El presidente de la Asamblea César Litardo ofreció que como Parlamento apoyarán de manera irrestricta para que el proyecto sea procesado en primer debate, antes de finalizar el presente periodo legislativo. “En ocho días calificaremos en el CAL (Consejo de Administración Legislativa) estas reformas que serán enviadas a la Comisión respectiva. Cuenten con nosotros”, dijo. Para Litardo, esas acciones buscan corregir ciertos vacíos legales.