Judiciales de varias provincias presentes en la acción presentada por Terán

El auditorio del Complejo Judicial Norte, donde se desarrollará la audiencia de acción de protección que presentó el presidente del Consejo de la Judicatura Wilmam Terán en contra del presidente de la República Guillermo Lasso está repleto de funcionarios judiciales que llegaron de varias provincias y de abogados.

A las 09:00 se convocó a la audiencia en la que se resolverá el pedido de Terán que apunta a la obtención de recursos de parte del Ejecutivo. La competencia del caso se radicó en la Unidad Judicial de Familia, con sede en la parroquia Mariscal Sucre de Quito.

El recurso se presentó el lunes 3 de abril. Terán acusa al presidente y al ministro de Finanzas Pablo Arosemena por omisión de su deber de proveer recursos económicos suficientes para el ejercicio de los derechos a la defensa, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, trabajo digno y seguridad jurídica de los usuarios del servicio de justicia y de quienes trabajan en su prestación.

Según lo expuesto en la acción en los últimos 10 años, la Función Judicial ha sufrido una reducción presupuestaria de más de 200 millones de dólares, lo cual ha generado escenarios preocupantes, donde el acceso gratuito de la ciudadanía a la justicia se ejerce únicamente en una dimensión formal.

Según Terán en 2013, se asignaron más de 550 millones de dólares a la Función Judicial, mientras que para el presente año, el presupuesto codificado es de 347,7 millones, monto que no es suficiente para financiar el gasto corriente ni los proyectos de inversión y de modernización.

Además, se indica que, ante la evidente y pública situación de vulneración de derechos de los usuarios y trabajadores del sistema judicial, debe existir una reparación por parte de los órganos que, con sus omisiones, vulneran los derechos de protección, entre ellos, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

El pedido es que la Presidencia de la República ordene al Ministerio de Finanzas consignar, a favor del Consejo de la Judicatura, 265’650.998,80 dólares, monto que constituye el déficit del gasto corriente del ejercicio fiscal 2023, con un recargo del 10% por cada día de retraso, en caso de incumplimiento del plazo otorgado, adicionado a esta suma global, los intereses legales y vigentes, a fin de que dichos valores de recargos sirvan para potenciar la confianza ciudadana en la Función Judicial.