Jueces anticorrupción: más academia sobre la experiencia
Hay jueces y abogados que creen que el concurso busca solo preparación académica. La Judicatura ofreció tener listos los nombres en agosto
El combate a la corrupción no pasa por conformar unidades anticorrupción. Tampoco por priorizar lo académico, antes que la experiencia. Es la opinión de abogados y jueces sobre el anuncio del Consejo de la Judicatura de la creación de una Unidad de Lucha Contra la Corrupción y Crimen Organizado, prevista para agosto.
La sede será la capital. Esa dependencia, con sus 14 jueces y más de una veintena de judiciales, conocerá al menos 44 delitos. El concurso está en marcha. Hasta el martes, más de 200 interesados querían ser elegidos y completaron la presentación de documentos. Pero no serán todos. La postulación se amplió hasta ayer. Y la recepción de documentos hasta hoy. El optimismo de la Judicatura por la nueva unidad contrasta con la desazón de algunos abogados y jueces, especialmente de cortes provinciales.
El sistema judicial, para gozar de confianza y seguridad en las decisiones a adoptar, debe contar con jueces probos, y ese es el punto más álgido actualmente.
¿La razón? Los requisitos para los interesados. Jueces de la Corte de Pichincha que pidieron la reserva de sus nombres señalaron que es un concurso discriminatorio porque prioriza lo académico antes que la experiencia. Según ellos, un juez que tiene entre dos y cuatro audiencias diarias y poco tiempo para obtener doctorado, maestría o escribir libros, quedará fuera o está en desventaja. Según el reglamento, en la calificación de méritos los títulos de PhD o su equivalente en Derecho recibirán hasta 20 puntos. Las maestrías 7,5 por cada una y hasta 15 puntos en total.
El abogado Roberto Calderón dice que ciertamente se prioriza lo académico, dejando de lado la experiencia como litigantes. “Es como si en aviación no se tomara en cuenta las horas de vuelo de un piloto, sino los cursos y seminarios que ha realizado”, comparó.
Por ejemplo, sería bueno que remitan al comité de expertos que los evalúa, sentencias de casos penales en los cuales hayan intervenido como abogados, jueces o fiscales.
Ivonne Núñez es jueza de la Corte de Guayas y opina que, para gozar de confianza y seguridad en sus decisiones, la justicia debe contar con jueces probos. Para ella, ese es el punto más álgido actualmente, “no solo porque sus decisiones puedan estar manchadas de suspicacias, sino por desconocimiento al momento de resolver y no aplicar ni la Constitución, los convenios internacionales de derechos humanos, ni la ley de las materias que sustancian”.
El malestar también se evidenciaría en jueces y abogados de frontera, porque esos casos deberán ser tratados en Quito. Pero el vocal Juan José Morillo señaló que los casos que abordará la Unidad son de bandas organizadas internacionales que deberán ser juzgadas.
No lo tomen como una discriminación o retirar trabajo de las provincias, más bien nos estamos especializando y llamamos a que se especialicen en materia de lucha contra la corrupción.
Opinó que es una oportunidad para que los abogados se especialicen. Más del 80 % de delitos que se cometen en las zonas de frontera corresponden a delincuencia organizada y en muchos de ellos los jueces han recibido amenazas o intimidaciones.
El detalle
Méritos. En la fase de méritos se verificarán y calificarán la formación académica, la capacitación y la experiencia laboral y profesional.
