Los jueces que favorecen a los narcos siguen sin sanción
Sentenciados por violación, sicariato, corrupción hallan respaldo en justicia. Abuso de garantías constitucionales y falta de condena pasan factura
La lista es larga. La conforman jueces que con sus resoluciones han puesto en riesgo la seguridad nacional al sacar de la cárcel a peligrosos delincuentes.
Emerson Curipallo Ulloa, juez de tránsito de Santo Domingo, fue quien giró la boleta de libertad del exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple condenas por corrupción. Pero también sacó de la cárcel a John Navarrete Quiroga, alias Cuyuyui. Él intentó matar a alias Fito, pero al conocerse su plan, Los Choneros dirigieron una matanza contra 80 presos en Guayaquil, Cotopaxi y Cuenca.
Curipallo también liberó a Santiago Madrid o Comandante M, quien lideraba a Los Lobos, en Quito, y estaría detrás de los atentados con coche bomba que ocurrieron en agosto. Este último tenía dos sentencias de 12 y 34 años de cárcel. De hecho, esta última pena ya se estaba ejecutando porque la Corte Nacional negó el recurso de casación. Aún así, Curipallo decidió cambiar la prisión por una presentación al mes.
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Curipallo llegó en 2014 a ser juez en el gobierno de Rafael Correa, cuando la Judicatura era controlada por Gustavo Jalkh. En 2020, la Fiscalía le inició una investigación por presunta delincuencia organizada, junto con una fiscal y otros jueces. Pero el caso no prosperó.
Pese a la investigación siguió despachando y Curipallo ha sido responsable de la liberación de otros delincuentes como Darío Javier Rivera Rosillo, sentenciado a 25 años de cárcel por robo con muerte; Nelson Tomás Conde Ludeña, con una condena de 22 años de cárcel por sicariato o Ney James Lozano Vélez condenado a 29 años de reclusión mayor por violación.
En esta lista de jueces está también el juez Jhon Erik Rodríguez Mindiola, de Yaguachi. Restituyó ilegalmente los derechos políticos a Jorge Glas. También dejó en libertad a Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia de Correa, condenado por secuestro. Otorgó la libertad de alias Ariel, otro cabecilla de Los Lobos. Ordenó a la Asamblea posesionar a Raúl González como superintendente de Bancos y trató de echar abajo el concurso público de Petroecuador para contratar pólizas de seguros a través de una acción constitucional que fue puesta por una exsecretaria suya, pero ella denunció la falsificación de su firma.
- 5 años de cárcel es la pena máxima para un juez procesado por prevaricato.
El juez Diego Poma Chamba, de Guayaquil, ha dado la libertad al narcotraficante albanés Dritan Rexhepi, requerido por la justicia europea. Ordenó el traslado de alias Fito desde La Roca a la Regional. Autorizó la acumulación de todas las penas de Jr. Roldán, en 2022, lo que hizo más fácil que pueda acceder a un beneficio penitenciario y lograr la libertad.
Fue el juez Jorge Aldás Macías que liberó a Jr., cabecilla de Las Águilas.
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Si se avanza más en el recuento de casos la lista es interminable. Este Diario buscó a los jueces nombrados, pero hasta la publicación no respondieron.
Sin embargo, este fenómeno ocurre por múltiples causas, según explica Pamela Aguirre Castro, docente en Derecho Constitucional de la Universidad Espíritu Santo.
La primera es la corrupción de los jueces, que ha sido motivo de quejas por parte de Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos, al decir que los jueces protegen a los narcotraficantes, testaferros y sicarios.
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La segunda causa es el abuso de las garantías penitenciarias. Es decir, no hay jueces especializados que apliquen medidas cautelares, acciones de protección o habeas corpus.
Otro motivo es la falta de sanción por parte del Consejo de la Judicatura, pues los deja actuar, pese a que tienen investigaciones penales por prevaricato. Los jueces provinciales que deben revisar la actuación de las autoridades de primer nivel también rechazan declarar dolo o negligencia, siendo un obstáculo para la destitución. Finalmente, otro motivo es la falta de sanción de los gremios de abogados a los profesionales que se prestan para torcer la ley.
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