¿Cuántos jueces y más funcionarios judiciales han sido destituidos en el 2024?

El nombre de Emerson Curipallo, exjuez de la Unidad Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas, ha sido parte de titulares de prensa desde hace algo más de dos años. Admitió una medida cautelar, gracias a la que el exvicepresidente Jorge Glas dejó la prisión. Un año después fue detenido, con más funcionarios judiciales, involucrados en el caso Metástasis.

Entonces se supo que Curipallo también liberó a sicarios, que trabajaron bajo las órdenes del narcotraficante Leandro Norero; fue procesado por delincuencia organizada y sentenciado a 40 meses de prisión. En febrero de este año, el Consejo de la Judicatura aceptó su renuncia. Increíblemente no fue destituido, pese a que entre 2014 y 2024 acumuló 61 sumarios administrativos. De ellos, 42 fueron archivados e incluso le extendieron tres ratificaciones de inocencia.

Entre otras infracciones disciplinarias en su expediente constan: ejercer el derecho de forma abusiva, con malicia y temeridad, agredir de palabra o por escrito, actuar en las causas con manifiesta negligencia, incurrir en negativa o retardo injustificado leve, no notificar con oportunidad providencias, intervenir en las causas con dolo, retener indebidamente documentos, procesos o bienes, manipular o atentar gravemente contra el sistema informático, etc.

¿Qué tan mal está la justicia?

Desde el 28 de febrero hasta el 31 de octubre de este 2024, un total de 108 funcionarios judiciales fueron destituidos, por faltas gravísimas. Guayas y Pichincha concentran el 48% de casos, entre 17 provincias.

A partir del 2019 se han producido entre 63 y 73 destituciones al año, a excepción del 2020 (el del COVID-19), cuando hubo 22. Los jueces han sido los servidores más sancionados.

¿Qué dice una vocal de la Judicatura?

Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, apunta que en este 2024, el control disciplinario ha sido más riguroso, que en los anteriores años.

El martes pasado, el pleno destituyó a Jackeline Domínguez, quien se desempeñó como coordinadora de la Judicatura en Guayas. Así gestionó traslados administrativos de jueces, para manipular fallos. Por ejemplo, en el caso de Pablo Muentes contra el Banco del Pacífico, los jueces trasladados habrían ayudado al exlegislador.

Desde el despacho de Goyes se ha trabajado en un informe sobre el control disciplinario. Eso le permite concluir que esa área no cumplió con su tarea, ya que jueces como Curipallo fueron denunciados, “pero toda la vida se archivaron esas causas”. 

A la abogada le parece necesario “sentar precedentes”, para que en el sistema quede claro que ante una falta se actúa con rigurosidad. “Para eso se requiere contar con directores provinciales comprometidos”, dice.

¿Se puede confiar en la Función Judicial?

Sin embargo resulta complicado confiar en la justicia. En este año se ha detectado que exdirectores provinciales, como Mercedes Villarreal Vera, en Guayas, archivaron sumarios disciplinarios, por faltas gravísimas, que podían dar lugar a destitución. Esos procesos debían ir directo al pleno del Consejo de la Judicatura. Algo parecido ocurrió en El Oro, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas. Por eso, todos son investigados.

¿Se puede hacer un control disciplinario a todo el sistema judicial? Goyes responde que eso implicaría revisar actuaciones de más de 11.000 funcionarios judiciales, más de 3.000, en la Fiscalía; y más de 1.000, en la Defensoría Pública.

“En un sistema judicial sano, una destitución debería ser una medida excepcional. Tratados internacionales y sentencias de la Corte Interamericana señalan que solo así se puede garantizar la independencia de los jueces. Pero, en el país, el narcotráfico y la delincuencia organizada permearon a la justicia”. Eso queda claro en casos como Metástasis, Purga y Plaga.

¿Por qué casos se destituyó a funcionarios?

En la Judicatura hay historias inverosímiles, como la de un fiscal provincial, con siete destituciones por reincidencia en el abandono de su puesto de trabajo. Así se registró que en el 2023 no acudió a laborar: del 1 al 31 de enero, 1 al 28 de febrero,1 al 23 de marzo, 1 al 31 de mayo, 1 al 30 de junio, 3 al 31 de julio, y del 1 al 18 de agosto.

Y hay más capítulos de corrupción en otros niveles de la justicia. Un técnico de ventanilla del Complejo Judicial de Rumiñahui incurrió en irregularidades al sortear una acción de protección, el 10 de junio de 2021. Fuera de su jornada laboral escogió la opción de flagrancia, limitando el reparto aleatorio entre los 13 jueces activos.

Secretarios como el de la Unidad Judicial de Montecristi solicitaron dinero para “ayudar” en trámites de nulidad de sentencia. A él le depositaron 2.000 dólares, en su cuenta en una cooperativa de ahorro, en enero del 2023, se confirmó.

Y muchos funcionarios se olvidaron de su rol y se cambiaron de bando. Alex Alajo, agente fiscal en Orellana, seguía una causa por violación. Le pidió a la hermana del procesado que le pague 10.000 dólares y ‘favores sexuales’, para ayudarlos. Eso ha dado lugar a un proceso penal por concusión contra el fiscal, y se ha emitido un auto de llamamiento a juicio en su contra. En esas manos está la justicia. ¿Falta depuración?

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