Jueces temporales, uno de los desafíos de la Corte para enfrentar la corrupción
Con dos concursos cancelados para llenar las magistraturas, los juicios están en manos de conjueces temporales
Una Corte Nacional de Justicia (CNJ) de retazos tiene a su cargo los casos de corrupción más importantes del país. El alto tribunal está conformado por jueces titulares, magistrados prestados de otras cortes provinciales y que actúan como jueces temporales.
Aunque hay parámetros para llegar a ser juez suplente de la Corte Nacional, como no tener acciones disciplinarias, al final es el pleno del Consejo de la Judicatura, con una mayoría de votos, el que elige qué jueces deben completar las vacantes.
Desde 2021, la Corte Nacional está incompleta. Tiene solo 10 jueces, quienes no pueden gestionar y resolver todas las causas judiciales pendientes.
Dos concursos para nombrar a nuevas autoridades a partir de la evaluación de méritos y conocimientos se han echado abajo en este año, y no hay fecha en el mediano plazo, pues tampoco ha sido un tema prioritario para el presidente Mario Godoy.
La crisis de jueces se ve incluso en el tratamiento de los procesos judiciales. Por ejemplo, en el caso Independencia Judicial el tribunal de juicio que es responsable de juzgar a altas autoridades como Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, y Maribel Barreno, exvocal, fue cambiado cinco veces. Primero, porque dos de los conjueces que resultaron designados por sorteo, Javier de la Cadena y Mercedes Caicedo, se apartaron del caso luego de que Terán pidió que ellos sean llamados como testigos.
El tribunal recién pudo integrarse el pasado 28 de noviembre, con jueces que habían sido nombrados apenas 20 días antes por la Judicatura presidida por Godoy. Ellos son Olavo Hernández, Hernán Barros y Edison Cantos. Provienen de las cortes provinciales de justicia de Imbabura y Napo.
Sin embargo, la falta de jueces penales hizo que en un momento el tribunal para juzgar estuviese integrado por tres jueces cuya especialidad son los procesos de Familia y Niñez.
Para el penalista Fausto Molina, la falta de jueces titulares vulnera el principio de independencia judicial. “Corremos el riesgo de que los que llegan como conjueces temporales actúen presionados por las condiciones de su designación, es decir, por el tiempo que es corto y saben que se van a ir; o porque, más que los méritos, hay una suerte de ‘amigocracia’”.
Molina señala que la independencia judicial se fortalece cuando un juez es fijo. “El tener un nombramiento ayuda a que los jueces tengan un respaldo para afrontar las presiones externas, que siempre las hay”.
De hecho, en la Corte Nacional de Justicia, los casos que se ventilan actualmente revelan esquemas de corrupción judicial. Los testimonios escuchados, por ejemplo, en los casos Vocales, Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla o Independencia Judicial, dan cuenta de autoridades que buscan interferir en la justicia.
Se ha escuchado de funcionarios que redactan los fallos de jueces, sobre magistrados que reciben dinero, o de concursos arreglados para llenar la Corte Nacional con perfiles que responderán a intereses políticos.
El pasado 30 de octubre, el experto de la ONU Carlos Gómez Martínez hizo públicas sus preocupaciones por la falta de altos estándares de transparencia en los concursos para jueces y por la falta de independencia.
- Rol. El 21 de noviembre de 2024, el Pleno de la Judicatura declaró la total insanable nulidad del concurso para la Corte Nacional.
Jueces removidos con una firma
Con dos concursos cancelados para llenar las magistraturas, los juicios están en manos de conjueces temporales La independencia judicial retrocede
El Consejo de la Judicatura, integrado por Mario Godoy, Yolanda Yupangui, Solanda Goyes y Merk Benavides, tiene el poder de trasladar jueces o sacarlos de sus cargos. El 27 de noviembre pasado, el pleno dio por terminado el encargo de la jueza María Mercedes Lema Otavalo, nombrada dos meses antes para integrar la Sala de Familia. Ella regresó a su puesto en la Corte Provincial de Pichincha. Para ser juez nacional titular, la Judicatura debe volver a realizar un tercer concurso, lo que incluye volver a redactar un reglamento que establezca cómo se calificarán los méritos de los aspirantes.
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