Dictan prisión preventiva para el asambleísta Daniel Mendoza

Cerca de las 00:00 de este sábado 6 de junio, el juez Marco Rodríguez dictó prisión preventiva para el asambleísta Daniel Mendoza y otras 4 personas por posible delincuencia organizada. Arresto domiciliario y prohibición de salida del país para una sexta procesada. Además ordenó la retención de fondos de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes. Lo hizo durante la audiencia de formulación de cargos que la fiscal Diana Salazar solicitó.

Salazar había pedido la prisión preventiva del asambleísta Daniel Mendoza y otras cuatro personas por posible delincuencia organizada. Para una sexta persona solicitó arresto domiciliario y prohibición de salida del país. Lo hizo durante la audiencia de formulación de cargos que se cumplió en la Corte Nacional la noche de este jueves 5 de junio a partir de las 19:00. Durante la diligencia la fiscal solicitó además la retención de cuentas, prohibición de enajenar bienes por ocho millones de dólares de todos los procesados por concepto de anticipo de la construcción del Hospital de Pedernales.

La Fiscalía presentó 15 elementos de convicción entre ellos memorandos, partes policiales, escuchas telefónicas en las que se evidencia como concertaban entregas de cheques y dinero sobre la presunta estructura delincuencial. 

Otro fue el informe de la Contraloría que estableció indicios de responsabilidad penal en varios proyectos de infraestructura en Manabí. Uno de ellos fue el análisis de la contratación del Hospital de Pedernales. La fiscal argumentó que se busca evitar que los procesados evadan la justicia, que tienen un alto riesgo de fuga y que la delincuencia organizada es un delito grave contra la administración pública. 

La defensa de Edmundo Tamayo reiteró que a su cliente no se le menciona ni en la materialización de teléfonos ni en las escuchas telefónicas. Tampoco en el informe de la Contraloría y aseguró que vive de su sueldo. Para su cliente solicitó el arresto domiciliario por ser una persona que antes que termine la instrucción fiscal será un adulto mayor. Presentó como arraigo una propiedad en Cumbayá y la evidencia de que su defendido tiene una afectación médica. 

María Moreira, abogada de Mendoza mencionó que de las pruebas del consorcio Pedernales - Manabí se identifica que se hacen pagos a 'asambleístas' y por eso la Fiscalía asume que se trata de su cliente. Moreira solicitó medidas alternativas como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad. Presentó certificados de nacimiento de sus hijos de tres, seis y nueve años, facturas de servicios básicos, y un certificado de que asistió a 38 sesiones de la Asamblea de manera presencial y virtual. Por su parte Mendoza indicó al juez que es padre de tres pequeños y sustento de hogar. Ratificó que, al conocer el allanamiento de su domicilio se acercó a las autoridades policiales libre y voluntariamente. Se mostró dispuesto a colaborar.

Ángel Andrade fue defendido por Stalin López quien aseguró que no hay una sola conversación en las escuchas telefónicas en la que se implique a su defendido. Informó al juez que su representado tiene 100 dólares en su cuenta y una deuda por 18 mil dólares. Solicitó medidas alternativas y para sustentar el pedido presentó arraigos como ser padre de una menor de 9 años, casado y sustento de su hogar, copia de contrato de arrendamiento, certificado médico de hoy que explica la necesidad urgente de hospitalización. 

Santiago Fernández, abogado de Jennifer Cobeña negó la existencia de chats con otro de los procesados. Solicitó medidas alternativas a la prisión. Para eso presentó arraigos como ser madre soltera (demanda de alimentos), certificado médico con diagnóstico de rinitis crónica. 

Jhon García, abogado de Tania Saltos solicitó otras medidas alternativas a la prisión. Dijo que su cliente es madre de un menor de edad de quien presentó su partida de nacimiento. Mencionó que el padre es privado de libertad y apeló al interés superior del niño. Por videoconferencia estuvo José Garzón, abogado de Olga Macías quien dijo que el arresto domiciliario que pidió la Fiscalía es desproporcionado. Espera que dicte la prohibición de salida del país. El defensor manifestó que para la Fiscalía su defendida era la encargada de efectivizar los cheques, pero ella es una persona adulta mayor a la que le cuesta movilizarse.