Juez ordena la prisión preventiva de Bibian Hernández
Para dos personas más dispuso su presentación periódica. Ellos son procesados por lavado de activos
El juez anticorrupción José Sebastián Cornejo ordenó, la tarde de este 21 de marzo de 2024, el procesamiento penal de la abogada Bibian Hernández, sus empleados Éricka Carvajal y Luis Ortiz, y las personas jurídicas Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV y Global Strategy Law BHV.
La Fiscalía detalló los viajes que hizo Bibian Hernández con funcionarios
Leer másPara Hernández dispuso la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que para Éricka Carvajal y Luis Ortiz determinó que se presenten de forma periódica en la Fiscalía del Guayas y tiene prohibido salir del país.
Contra las empresas de Hernández se ordenó el congelamientos de fondo y la prohibición de enajenación bienes.
Hernández, sus socios y sus empresas son investigadas por un posible lavado de activos por un monto de 18 millones de dólares, según la Fiscalía.
La investigación se sustenta en el reporte de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, en donde se determinan transacciones inusuales e injustificadas.
Durante la audiencia, el fiscal hizo público informes económicos, contratos de compra de departamentos, terrenos o vehículos de alta gama pagados en efectivo;contratos con empresas privadas sobre los “asesoramientos” en el ámbito legal, empresarial, tributario y comunicacional, proporcionados por Bibian Hernández.
La audiencia de Bibian Hernández se posterga porque a un abogado le dio COVID
Leer másEntre sus clientes está, por ejemplo Construdipro, uno de los antiguos contratistas de la Refinería de Esmeraldas, que en 2016 se conoció que construyó la casa de Carlos Pareja Yannuzelli en La Ribera del Batán.
El agente investigador también enumeró una serie de viajes dentro y fuera del país, cuyos boletos fueron pagados por Hernández o los hizo en compañías de funcionarios públicos.
Por ejemplo, contó que en 2016, Bibian Hernández y Pamela Martínez, entonces jueza de la Corte Constitucional, y Cynthia Guerrero Mosquera, jueza de la Sala de lo Contencioso.
Por su parte, su abogado Alfonso Zambrano Pasquel alegó que la actividad económica de su cliente está justificada, cuyos recursos son de origen lícito y que la Fiscalía no ha determinado cuál es el delito precedente, del cual se parte o presume un lavado.
Dijo que ella puede cobrar el monto que sea por sus servicios legales o tributarios y aclaró que, mientras no tenía su título, no ha actuado como abogada, sino que ella hacía asesoramientos.
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