El juez Walter Macías fue destituido por el Consejo de la Judicatura
La Fiscalía considera esta decisión como "represalia" por las acciones del magistrado sobre caso de presunto tráfico de influencias
La Fiscalía General del Estado se pronunció respecto a la destitución del juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, por parte del Consejo de la Judicatura (CJ).
El juez Walter Macías recupera su cargo
Leer másEl magistrado había fijado fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio en contra de los vocales de la Judicatura, Juan José Morillo y Ruth Maribel Barreno, y el juez Vladimir Jhaya, por el presunto delito de tráfico de influencias.
"La Fiscalía General del Estado expresa su preocupación sobre un acto que atenta contra la seguridad jurídica del país", detalló la entidad en un comunicado.
Esta institución explicó que, durante las investigaciones por el caso señalado, los pasados 10 y 11 de agosto se realizaron allanamientos a funcionarios de la Judicatura, con la respectiva autorización de Macías, quien estaba de turno.
El magistrado fue destituido la mañana de este sábado 19. Según Fiscalía, "la recusación y suspensión del juez Macías ocurrió el día en que se tenía prevista la audiencia de formulación de cargos; y la destitución, cuando ya ha fijado fecha para la preparatoria de juicio".
"Fiscalía considera que estas acciones son represalias por parte del CJ a las actuaciones -apegadas a derecho- cumplidas por el Magistrado dentro de este caso", se indicó en el comunicado.
El Consejo de la Judicatura no se ha pronunciado al respecto. EXPRESO intentó comunicarse con varios integrantes de la entidad, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuestas.
El pasado 11 de mayo, el CJ suspendió al juez Macías tras una queja de Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, sentenciado por delincuencia organizada.
No obstante, el juez Santiago Altamirano aceptó la acción de protección presentada por Macías y lo restituyó en su cargo. En el fallo, el magistrado determinó que el Consejo de la Judicatura vulneró el derecho a la seguridad jurídica y el principio de independencia, al ordenar su suspensión.