Jueza concluye la audiencia del caso Purga y se prepara para el veredicto final

La jueza Daniella Camacho anunció que el tribunal de la Corte Nacional de Justicia se retira a deliberar sobre el caso Purga, luego de escuchar los alegatos finales de los últimos tres procesados por delincuencia organizada, a las 13:22 de este viernes 21 de febrero de 2025. Han sido 13 días con extensas jornadas de presentación de pruebas, testimonios y peritajes, en los que se ha hablado de los eventos en los que la Fiscalía dividió este caso: Banco del Pacífico, tráfico de tierras, GDO, Cuerpo de Ingenieros del Ejército y acciones administrativas.

Los últimos alegatos de las defensas

En esta jornada, los abogados de Fausto Alarcón, primo de Pablo Muentes; el funcionario del Consejo de la Judicatura, Saúl Mero, y la jueza Andrea Patiño presentaron sus alegatos de clausura. Entre las 13:00 del jueves y la 1:00 del viernes fue el turno de los otros 10 procesados. Camacho pidió a la Fiscalía ir a una sala más pequeña con el tribunal para la colaboración efectiva que solicitó para dos imputados, la exdirectora de Asesoría Jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth Catalina Solano, y el juez Alberto Lino Tumbaco. Luego, junto al juez Felipe Córdova y al conjuez Marco Aguirre, convocarán nuevamente a las partes para dar su veredicto.

Defensas cuestionan las pruebas y testimonios

Previamente, Víctor Espinosa, abogado de Alarcón, el abogado de Mero y Eduardo León, abogado de Patiño, hablaron a nombre de sus defendidos. Espinosa y León coincidieron, pues sus clientes están vinculados a Purga por el mismo tema: un terreno en Durán por el que Alarcón interpuso un recurso de hábeas data que Patiño resolvió. Según los letrados, es falsa la afirmación de la Fiscalía de que ese terreno es parte de un fideicomiso a nombre de la familia del exasambleísta Pablo Muentes, considerado líder del grupo de delincuencia organizada. El terreno que sí está en el fideicomiso es otro de características similares y también está en Durán, dijeron. Uno se llama La Margarita y otro, La Magdalena.

Espinosa calificó de “paupérrima y deficiente” la acusación y se dirigió a Wilson Toainga, el fiscal general subrogante: “Estoy seguro de que no ha revisado ni una sola hoja de ese expediente. Usted ha dicho lo que le dicen sus asistentes. Pero a diferencia de usted, yo sí revisé todo ese expediente. Soy relativamente joven, pero si algo he aprendido es que la verdad sale a la luz tarde o temprano y que las mentiras tienen patas cortas”, y dijo eso porque considera que la Fiscalía ha usado el testimonio de Mayra Salazar “como si su palabra fuera ley”, pero él, así como otros representantes de los acusados, afirman que ella miente. Sin embargo, la Fiscalía ocupó los ocho primeros días de audiencia para presentar su prueba.

Por su parte, León dice que se ha probado en la audiencia que en este proceso la exrelacionista pública de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ha tenido más de 15 mentiras o contradicciones. “Si ahora sabemos algo, es que esa colaboración, si algo no fue, fue eficaz” y se preguntó cómo pudo aceptarse algo así en el caso Metástasis y agregó que tampoco se le puede creer a Daniel Salcedo.

La situación personal de los procesados

Los abogados también tocaron temas humanos. En el caso de Alarcón, señalaron que él vive solo con su madre, de 87 años. Que el terreno en cuestión lo compraron con los ahorros de ambos, que ella trabajó durante 11 años en los Estados Unidos y que, sí, Alarcón es un “sanduchero”, como lo calificó la Fiscalía en la formulación de cargos, pero que su producto es de buena calidad y que ha trabajado toda su vida. El terreno les habría costado 50.000 dólares y ahora estaría avaluado en 200.000, como se ha mencionado en el proceso y no en 2 millones, como según Espinosa se dijo hace casi un año, cuando detuvieron a su defendido. También relató que Alarcón tiene cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, dos infartos, artrosis, y su salud se ha deteriorado en prisión. Tiene 354 días sin ver a su familia ni a su madre.

También dijo en su defensa que no se puede considerar que es parte de una supuesta organización delictiva por tener varias visitas a la casa de su primo, pues es su familia. Relató que él fue quien le presentó a su esposa, Mónica Alvarado y que también suele visitar a sus sobrinos y sobrinos nietos.

Por su parte, León Micheli habló sobre su clienta, una jueza a la que dijo no se le ha encontrado ninguna comunicación ni con Muentes, ni con Alarcón ni con Salazar. Ella no trabaja en la Corte del Guayas, sino que lleva años en Durán, “la ciudad más peligrosa del Mundo”. Señaló que en el primer día del juicio, el 5 de febrero, Camacho le pidió a Toainga precisar los delitos en este caso y él mencionó cohecho agravado, prevaricato, peculado y prevaricato. Según su criterio, ninguno es imputable a su defendida.

Habló extensamente del peritaje en derecho constitucional de su excompañero de Universidad, David Cordero, y recordó que en el contrainterrogatorio le contestó que la sentencia de Andrea Patiño sigue gozando de esa presunción de legitimidad y de veracidad, por ser una decisión de una autoridad pública dentro de sus funciones. Además, León citó una sentencia en la que se dice que “se excluye del delito de prevaricato las normas constitucionales frente a las cuales se pueden plantear dudas interpretativas”.

Dentro de los testigos, Fiscalía citó a Erick Ramírez, quien se ha presentado como el legítimo dueño del terreno que Alarcón afirma es suyo y pretendía registrar. En ese sentido, León mencionó que hubo otro testimonio, el de la expareja del abogado Leonardo Toledo, Karly Vargas. Ella habría mencionado que su ex mantenía conversaciones con Ramírez “para repartirse terrenos en Durán”. 

Según León, por ello su defendida está “en un fuego cruzado” y ha recibido amenazas de muerte por las que puso una denuncia y debió enviar a su hija fuera del país. Patiño, además, perdió a su padre el sábado pasado y solo se suspendió la audiencia el domingo para el funeral. Según León, ella no ha podido llorar tranquila al padre y necesita saber por qué. Previamente, mencionó que ningún procesado nadie pidió diferimientos porque todos los acusados “la tenían bastante clara”, porque querían contar su verdad y porque en el proceso “se persiguió a personas y no a conductas”.

La defensa de Mero y el testimonio de los involucrados

En cuanto a la defensa de Saúl Mero, su abogado señaló que su cliente no sabía qué hacía ahí. Relató que en la instrucción fiscal le dijeron que tenían siete elementos en su contra, pero en la audiencia preparatoria de juicio se redujeron a cuatro y ahora, son dos. Uno de ellos se halló en un chat con Salazar, y es un oficio que le envió en noviembre, cuando ella ya era oficialmente funcionaria judicial sobre la marcación telemática.

No se trataba, dijo, de un documento reservado, sino de algo de conocimiento público que luego se difundió en un video del juez Hugo González en su candidatura para reemplazar a Fabiola Gallardo en la presidencia de la Corte Provincial del Guayas. González fue sobreseído. Por eso, al abogado le extraña que su cliente siga vinculado en la causa, cuando lo único que existe es el testimonio anticipado del juez Lino, pero señaló que “el doctor Lino Tumbaco miente para obtener un beneficio”, pues no se ha presentado nada que lo pruebe.

“¿Cómo podemos dar importancia y relevancia a un testimonio de una persona que han mentido en más de una ocasión para obtener beneficios, para hundir a sus excompañeros? Ustedes se habrán dado cuenta, señores jueces, esta es una audiencia totalmente atípica. Aquí nadie se ataca. Aquí nadie habla mal de nadie. Aquí ha habido defensas técnicas que piden la libertad de todos y de su patrocinado, porque no se ha configurado los elementos del tipo penal. Porque no existen elementos para determinar que, efectivamente, existe un delito de delincuencia organizada”, dijo.

Tras la intervención de los procesados, Fiscalía, Procuraduría, Banco del Pacífico y Consejo de la Judicatura decidieron no hacer réplica de ninguno de los alegatos finales de los acusados.

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