Jueza otorga medidas cautelares a pacientes sin medicamentos
La resolución se conoció este 7 de diciembre. Defensoría notifica desde hoy a varias casas de salud. La decisión se ve con escepticismo.
A propósito de la falta de medicamentos de la que organizaciones sociales y entes que trabajan en pro de los derechos han hablado estos días, la jueza Lissette Gabriela Reyes Cantos concedió medidas cautelares y ordenó a directivos de varias entidades de salud disponer de forma inmediata de las medicinas.
Cita en el documento al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los hospitales Teodoro Maldonado Carbo, Guayaquil Abel Gilbert Pontón y Carlos Andrade Marín.
Los medicamentos que deberán adquirirse con Imatinib; Dasatinib; Bosutinib; Ponatinib; Ciclosporina de 25 mg: Azatioprina; Micofenolato de 180 mg. Tracolimus de 1 g. Eritopoyenita; Predinisona de 5 y 20 mg Carvedilol; Doxomicina; Aciclovir: Bevacizumab: Paracetamol; Insulina Espirolactona, entre otros.
"Se recuerda los legitimados pasivos que las medidas cautelares constitucionales son de obligatorio cumplimiento y que solo procede su revocatoria cuando se haya evitado o interrumpido la violación de derechos, hayan cesado los requisitos previstos en esta ley o se demuestre que no tenían fundamento, conforme el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional", explica la jueza.
Tenemos un pueblo moribundo, que clama ayuda, que está muriendo lentamente. Hay un silencio criminal por parte del Estado. Es siniestro.
La jueza responde de esta manera a la demanda de propuesta por Freddy Viejó González, delegado provincial del Guayas de la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Padres de
Niños y Adolescentes con Cáncer (Apnacc), la Fundación Bekampa, de Pacientes Con Leucemia Mieloide Crónica y otras entidades de este tipo.
Desde Apnacc, Rafael Palacios, el presidente, toma la resolución con esperanza, aunque no oculta su escepticismo, pues sabe cómo se ha recortado el presupuesto de la salud. Cree, sin embargo, que ahora será diferente, porque hay un grupo de organizaciones que velará por el cumplimiento de esta resolución.
"Si no funciona ni con eso, si no nos dan las medicinas, lo que se avecina son lágrimas y el luto de cientos de familias. Se nos han vulnerado derechos elementales, básicos e irremplazables. Aun llegando hoy, para muchos será tarde", señala.
A su organización pertenecen 500 pacientes. Solo el último año han fallecido unos 30, asegura. Cree, además, que el problema de la escasez radica en el constante cambio de autoridades, pues de esta manera "ningún proceso puede tener continuidad".
pública el próximo 13 de diciembre, a las 14:00, en la sala de audiencias 204, torre 8, piso 2, en el km. 8,5 de la vía a Daule.
Freddy Viejó, delegado de la Defensoría, cree que esta resolución constituye un proceso de dignificación a todos los enfermos, para que "las personas puedan tener una prolongación de su vida". "Esta es una medida constitucional es obligatoria y la Defensoría hará que se ejecute".
