Jueza de Pichincha llama a juicio a 27 sospechosos del incendio del edificio de la Contraloría
La resolución se dio este miércoles, en el tercer día de audiencia preparatoria. Son sospechosos de tres posibles delitos
La jueza de la Unidad Penal de Pichincha, Ana Guerrón, dictó el auto de llamamiento a juicio en contra de 27 sospechosos de participar en el incendio del edificio matriz de la Contraloría. El hecho se registró el 12 de octubre de 2019 en el contexto de la protesta indígena que paralizó el país por 11 días. Son acusados los supuestos delitos de paralización de servicio público, destrucción de registros y sabotaje.
En un comunicado emitido por la Contraloría se informó que los sospechosos fueron detenidos por la Policía en el interior del inmueble, principalmente en la terraza.
En marzo de 2020 la jueza Guerrón dio paso al pedido de nulidad de la defensa de los procesados que argumentó la falta de atención de la Fiscalía a la solicitud de realizar una pericia de interculturalidad. La jueza declaró la nulidad del caso en los últimos 10 días de instrucción fiscal y dispuso una pericia antropológica. La realización de la audiencia preparatoria de juicio se retrasó por casi un año.
La Contraloría indicó que en el juicio estará restringido el acceso a quienes no sean partes procesales y se hará de forma reservada. Para el juzgamiento se ha anunciado la presencia de alrededor de 60 personas, entre abogados y procesados.
La audiencia se hará en el auditorio del Complejo Judicial Norte, de Quito. La acusación particular está a cargo del organismo de control a través de la intervención de los abogados de la Dirección Nacional de Patrocinio.
Ernesto Pazmiño, exdefensor Público Penal y abogado de tres de los sospechosos dijo que tiene la certeza que el llamamiento a juicio "se trata de un asunto político. Pese a que el informe solicitado por la jueza, sobre la pericia intercultural, el perito lo presentó hace un año, en marzo del 2020, de forma apresurada, se convocó a audiencia de evaluación y se llama a juicio justo cuando va a concluir la segunda vuelta presidencial".
Para Pazmiño es evidente que la jueza actuó por presión política y mediática. Añadió que "querían otro tema o pretexto contra el correísmo”.
Según el defensor, no existe en la instrucción fiscal evidencia de que se cometió el delito de destrucción de archivos y no hay certeza de ninguna participación delictiva de los acusados, "sin embargo la jueza, torciendo la evidencia, llama a juicio a 25 jóvenes indígenas".
Pazmiño dijo que con ello también se criminaliza la protesta y se contradice al Estado Plurinacional e Intercultural q establece el artículo 1 de la Constitución. El abogado opina que la Conaie debe pronunciarse "rechazando esta decisión ilegal y racista". Concluyó que por las muertes de octubre no existe ningún proceso avanzado, pero resaltó que a los indígenas, que fueron las víctimas, se les criminaliza.