El juicio pasó a segundo plano

¿Fue una protesta pacífica?, pregunta la legisladora correísta Amapola Naranjo a Felipe Mena, activista del medio de comunicación comunitario Periférica. ¿Pacífica? Es cosa de locos: se refiere al violentísimo levantamiento popular de octubre de 2019. Sin embargo, el activista no vacila: “Sí”, responde, fue una protesta pacífica. El juicio político contra María Paula Romo llegó ayer (no una: decenas de veces) a ese extremo del delirio. Con los dirigentes indígenas Leonidas Iza y Jaime Vargas como invitados principales, el correísmo convirtió el proceso de fiscalización en un acto propagandístico para reivindicar el fallido golpe de Estado, todo un montaje con ribetes melodramáticos aportados por los familiares de las víctimas y en el cual Roberto Gómez, el derechista interpelante de la ministra, hizo el triste papel de comparsa. Los cargos contra Romo, es decir, el juicio en sí, quedaron en segundo plano.

“Hubo una manifestación pacífica pero no hubo el mínimo respeto por parte de la fuerza pública”: la versión del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, fue ayer la única posible en la Comisión de Fiscalización. La interpelante Amapola Naranjo lo consiguió: convertir el juicio político contra la ministra de Gobierno en una reedición corregida de las sesiones de la comisión investigadora de la crisis de octubre. Corregida porque ahora hay una sola versión de los hechos: regresan los dirigentes indígenas, los activistas, los manifestantes heridos, pero esta vez no tienen a nadie que los contradiga.

Naranjo conduce el juicio político como si el cargo levantado contra la ministra fuera “abuso de la fuerza durante la crisis de octubre”. Pero el cargo no es ese. Y si ellos no lo presentaron fue, quizás, porque los resultados de la comisión investigadora de la crisis de octubre no daban para tanto. A la ministra se la acusa de haber permitido el ataque con bombas lacrimógenas de las universidades; de haber consentido el uso de gases caducados; de haber incumplido sus obligaciones de defender a los periodistas. Los testigos de Naranjo, en cambio, están ahí para reforzar un mensaje propagandístico que nada tiene que ver con el expediente.

Dos participantes del paro de Sucumbíos hablan de la detención de sus nueve dirigentes (prefecto y asambleísta correísta incluidos) como si fuera el abuso más intolerable, pero olvidan mencionar lo que estaban haciendo: tomando por asalto instalaciones petroleras. Militantes de medios de comunicación alternativos, esos que Leonidas Iza describe como “compañeros que estaban colaborando con esta lucha”, ratifican que lo ocurrido en el Ágora de la Casa de la Cultura no fue, ni mucho menos, un secuestro de periodistas (como si ellos mismos no lo hubieran transmitido en directo a todo el mundo). Y para completar el panorama, están los familiares de las víctimas con su cuota de dolor que Amapola Naranjo escarba y el cual se regodea.

“El dolor que ha sufrido el pueblo debe ser esclarecido, ese es el objetivo”, admite Naranjo. Ahí está un herido que ha quedado reducido a un estado casi vegetal, postrado en su cama, y al que sus hermanas exhiben sin pudor vía Zoom. Ahí está Imelda Rivera, madre de uno de los fallecidos en el puente de San Roque, en Quito, asegurando contra toda evidencia que a su hijo lo empujó la policía, y mostrando el casquillo de la bomba lacrimógena caducada que alguien le pasó para cumplir con el libreto. Y Roberto Gómez no le hace feos a participar de esta puesta en escena del dolor humano desplegado con fines políticos: “Esas son las heridas que tenemos que sanar en esta Asamblea”, dice cuando la señora termina su intervención: tuvo la oportunidad de permanecer callado y la desperdició.

Extremos del delirio: "¿Recibieron amenazas?", pregunta Amapola Naranjo a una de sus testigos. "Directamente no -responde ella-, lo que sí ha habido es un silencio amenazador". En este tono transcurre toda la sesión.

Y los correístas, a cada nuevo testigo, las mismas preguntas de cajón: “¿Considera que la ministra hubiera podido evitar estas secuelas si hubiera convocado un diálogo nacional?”. “¿Hubo asfixiados por los gases lacrimógenos?”. “¿Era una protesta pacífica?”. Sí, sí, sí a todo, responden los comparecientes.

Por lo demás, Roberto Gómez consigue apuntalar algunos de los cargos. Que el comité de protección de periodistas solo se reunió, por iniciativa de la ministra, después del secuestro del Ágora, pese a haberse denunciado decenas de agresiones en los días previos. Que el Gobierno incumplió con su deber de proteger a los profesionales de la comunicación, que los gases lacrimógenos estaban en efecto caducados, aunque los correístas insisten (ahora con el criterio de especialistas y un video de por medio) que esto causa mayor daño en quien los respira, mientras que Gómez sostiene lo contrario... Con lo que tienen ya podrían censurarla. Pero eso es lo de menos. Lo que se juega aquí es la valoración de octubre. Porque un juicio político solo puede juzgarse políticamente y el correísmo ya ha desplegado su libreto. Roberto Gómez acolita.

La Policía fue la infiltrada

n Tan inocentes son los dirigentes indígenas de toda la violencia desplegada en las protestas de octubre del año pasado, que ahora Leonidas Iza pasa a la ofensiva: acusa a la Policía de haberse infiltrado entre los manifestantes con el fin de agredir y destruir, y pide que se desclasifiquen todos los documentos relacionados con el manejo de la crisis.