Juicio político: acción de protección en 3, 2, 1...

Batalla por la calificación de las pruebas en el juicio político al presidente de la República. Resultado provisional: empate a cero. Ni el correísmo logró dejar fuera de la mesa de debate aquellas pruebas que lo comprometen en el peculado que denuncian, ni el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, consiguió que los proponentes del juicio eliminaran aquellas otras relacionadas con los cargos de concusión inadmitidos por la Corte Constitucional. Se supone que estas últimas no pueden ser parte del juicio político. Pero lo serán: así como en la comisión ocasional se dieron modos de acusar de “traición a la patria” al presidente, con el expeditivo procedimiento de cortar una frase por aquí y un par de líneas por allá del artículo respectivo de la Constitución, para que calce, ahora encontraron la manera de hacer que las pruebas de un caso de concusión sirvan igual para otro de peculado. Viviana Veloz y los suyos hacen magia.

Esto de las pruebas no tendría por qué ser motivo de discordia. Lo normal, en cualquier tipo de juicio, es que se acepten todas las que las partes propongan sin entrar a discutir sobre su utilidad o pertinencia. Quien las solicita sabrá para qué las quiere; si luego, en el transcurso del juicio, la prueba demuestra ser inoficiosa, peor para él. La única previsión que había que tomar en este juicio político con respecto a las pruebas era la de cumplir con lo dispuesto por la Corte Constitucional, a saber: excluir todas aquellas que constaban en el expediente original y que no correspondían al caso de peculado en los contratos de Flopec con Amazonas Tanker. El dictamen fue hábilmente utilizado por los correístas, no para cumplirlo (pues no lo hicieron), sino para bloquear toda prueba de oficio que no les conviniera. Ese papel de policía lo asumió el lunes, con jubilosa entrega, Roberto Cuero, que parece haber nacido para eso.

En la moción que presentó ese día, Cuero no hizo el menor intento por disimular. Escribió: “analizados los pedidos de prueba de oficio de los asambleístas Pablo Muentes, Roberto Cuero, Comps Córdova y Gabriela Molina (el socialcristiano y los correístas), se concluye que gozan de pertinencia, utilidad y conducencia”. Analizados, en cambio, los pedidos de prueba de Fernando Villavicencio y la oficialista Ana Belén Cordero, se concluye que no. La moción fue aprobada con el apoyo de Pablo Muentes, Roberto Cuero, Comps Córdova y Gabriela Molina (caramba, qué coincidencia) y el decisivo voto a favor de Bruno Segovia, magnífico ejemplar de aquella subespecie de asambleístas que se la pasan todo el tiempo haciendo profesión de fe anticorreísta hasta el momento de votar con ellos.

¿El informe de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Petrochina, en el que se analiza el sistema de comercialización de petróleo al que pertenecen los contratos con Amazonas Tanker? “Esta prueba es impertinente e innecesaria”. ¿El conjunto de oficios y documentos remitidos por Flopec a la Comisión de Fiscalización? “Prueba indeterminada y vacua, por lo tanto ilegal”. ¿Las actas de directorio de Flopec correspondientes a las sesiones en las que se trató el tema de los contratos con Amazonas Tanker, Andes Tanker y Agoyán Tanker, nombres sucesivos de una misma empresa de papel? “Este pedido carece de utilidad y pertinencia”. Así hasta descartar 12 de las 19 pruebas de oficio solicitadas por Villavicencio y las nueve solicitadas por Cordero. En cuanto al contrato de Flopec con Amazonas Tanker, objeto mismo del juicio político, también quedó excluido porque fue firmado en 2018 y uno de los principales intereses del correísmo en estos trámites ha sido excluir todo lo anterior a 2021. Tal cual.

El caso es que no sirvieron de mucho los desvelos de Roberto Cuero. Las pruebas que el lunes quedaron fuera volvieron a entrar por la ventana el viernes, cuando Édgar Neira, el abogado del presidente, envió su lista de pruebas de descargo. En ella incluyó todas las que el correísmo había bloqueado, probablemente con un razonamiento muy sencillo: si ellos no las quieren, por algo será.

La sorpresa de la semana ocurrió el miércoles 12, cuando la acusadora principal, Viviana Veloz, anunció que finalmente, luego de diez días de negativas, ella y los suyos habían resuelto discriminar las pruebas tal como lo ordenaba la Corte Constitucional. Es decir: separar las pruebas relativas al caso de peculado de aquellas otras relativas a los casos de concusión inadmitidos y dejar estas últimas fuera del expediente. Ese día, el ciberespacio ecuatoriano se vio graciosamente iluminado por los videos en los que aparecen Veloz y su compañera Mireya Pazmiño, cumpliendo ante al secretario de la Comisión el acto de presentación de la prueba y, a decir verdad, bastante confundidas, sin mucha idea de cómo diantres hacer para vender gato por liebre sin que se note. No lo lograron: se nota.

Se quedaron con casi la totalidad de las pruebas del principio, incluidas aquellas que difícilmente podrán relacionar con el caso de peculado en los contratos con Amazonas Tanker. El decreto mediante el cual se nombra a Hernán Luque presidente de la Coordinadora de Empresas Públicas; las bitácoras de Carondelet cuya reserva ya fue levantada por la Asamblea; el informe de escenarios del exsecretario anticorrupción Luis Verdesoto, cuya característica principal es la de no constituir prueba de nada en absoluto; y, claro, los infaltables audios facilitados por la empresa de producción de contenidos La Posta, que les dio prácticamente el 90 por ciento de lo que tienen y que venían muy bien para hablar de concusión, del tráfico de influencias de Danilo Carrera y Rubén Cherres, del cobro de sobornos y el poder ilimitado de Hernán Luque… Pero de Amazonas Tanker… Casi nada.

Hay uno: un video de La Posta (no precisamente de los más reveladores) habla sobre los contratos de Flopec con Amazonas Tanker. No dice nada que Fernando Villavicencio, que fue quien realmente hizo la investigación, no haya dicho ya, pero puede ser útil para los acusadores. El problema es que a ese video nunca lo incluyeron en la lista de pruebas. No importa. Cuando se tiene la audacia de manipular la Constitución para acusar de “traición a la patria” al presidente de la República se está listo para todo. Incluida cualquier cosa que la ley prohíba expresamente: introducir pruebas nuevas a la acusación, por ejemplo. Y eso fue precisamente lo que hicieron Veloz y Pazmiño. “No hemos pedido prueba nueva”, mintió dos o tres veces Veloz ante la Comisión el viernes, e incluso pidió que el secretario lo certificara. Que eso se verá en el momento de la sustanciación, detuvo Villavicencio. Él sabe por qué: los acusadores acaban de cometer el error que bien puede anular por ilegítimo todo lo que se haga en adelante. El presidente de la República ya pidió a la Corte Constitucional que ejerza el control del proceso. Y esto recién empieza. En sentido estricto, estamos en una fase de mero papeleo. Conociendo a los actores de este drama, para que empiecen a llover las acciones de protección solo es cuestión de tiempo.

Una tonelada de reportajes

Hoy, domingo 16 de abril, a la medianoche, concluye el plazo para la presentación de pruebas de oficio. Lo que debería ser un mero trámite se ha convertido en una auténtica batalla campal en la que queda todavía una refriega por librar. La inclusión (por parte de los proponentes del juicio) de ciertos videos de La Posta abre una nueva posibilidad. Hasta el momento se consideraba como válido el precedente establecido durante la legislatura pasada, según el cual las notas de prensa (y aquí se trata de videos del programa Café La Posta) no podían ser tomadas como pruebas válidas en un juicio político. Ahora los oficialistas consideran la posibilidad de introducir todos los informes publicados en Plan V, Periodismo de Investigación y otros portales sobre la corrupción en el esquema de comercialización de petróleo instaurado por el correísmo.