Juicio político: la acusación al presidente Lasso roza los límites de lo admitido
Proponentes presentan 11 pruebas documentales. Se incluyen videos y audios. Analistas creen que en el proceso se añadirán acusaciones al mandatario
Lo político como licencia para incluir lo que sea. La ‘debilidad’ en las pruebas para sustentar la causal de peculado en el juicio político al presidente Guillermo Lasso puede empujar a los proponentes a rebasar los límites que estableció la Corte Constitucional (CC) en su dictamen de admisibilidad.
Los asambleístas Viviana Veloz (Unión por la Esperanza), Pedro Zapata (Partido Social Cristiano), Rodrigo Fajardo (que es parte de una de las facciones de la Izquierda Democrática, ID) y Mireya Pazmiño (disidente de Pachakutik) presentaron ante la Comisión de Fiscalización la singularización de pruebas.
Se ingresaron 11 pruebas documentales. Resaltan videos y audios del supuesto entramado de corrupción armado por Hernán Luque, expresidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Danilo Carrera, cuñado de Lasso; además de Rubén Cherres (+) en Flopec, aunque la sentencia de la Corte admite únicamente fiscalizar el contrato de la estatal con Amazona Tanker.
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“Lo van a hacer. Los asambleístas muy probablemente van a hablar de terrorismo, inseguridad o de corrupción generando una violación al debido proceso”, señaló el abogado constitucionalista André Benavides, que detectó varias inconsistencias en el pedido de juicio político.
En Fiscalización están haciendo el vergonzoso show de presentar una prueba o descartar otra. Al final del día, mandarán los votos, más allá de las pruebas de cargo.
El 13 de abril de 2023 se ratificó que Veloz será una de las interpelantes en el pleno. El otro saldrá de entre los restantes. Pero mientras eso se decide, los cuatro asambleístas sustanciarán la acusación en la Comisión de Fiscalización, que este 14 de abril prevé calificar pruebas de oficio solicitadas por los integrantes de esa mesa legislativa.
El abogado penalista Ramiro García cree que a nivel de la comisión, los proponentes se cuidarán de rebasar esos límites, porque la Corte Constitucional estableció la causal de peculado y dictó que se singularicen las pruebas.
“Ya en el juicio político en sí, es decir el que se desarrollará en el pleno de la Asamblea Nacional, van a terminar argumentando más cosas. Hablarán de Alausí, el estado de las vías y otras tantas”, señaló el jurista.
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- Entre las pruebas se incluyen decretos del presidente Lasso, un examen de Contraloría, la bitácora de Carondelet y parte del cuestionado informe de la comisión multipartidista.
¿Qué consecuencias puede acarrear la dispersión de acusaciones? Como el tema es político, prácticamente ninguna. Benavides dijo que a lo sumo el presidente, como ya ha anunciado, podría pedir a los jueces constitucionales que hagan seguimiento del cumplimiento del dictamen.
“Más allá de que el presidente se pare de cabeza para demostrar su inocencia, traiga a los mejores abogados del mundo, esto es cuestión de votos y mandan los votos”, sostuvo Benavides.
En un juicio político el tema probatorio es más laxo, la amplitud de prueba es mucho mayor que en un juicio jurisdiccional, en el que hay un control de garantías del debido proceso.
García, por su parte, recordó que tras la resolución del pleno de la Asamblea, que podría ser la censura y destitución de Lasso, no existe la posibilidad de un control posterior de parte de la Corte Constitucional, pese al “mal trabajo” que han hecho los proponentes y el poco peso de la acusación.
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La legisladora Johanna Moreira, que es parte de una de las facciones de la ID, dijo ayer que revisó algunas de las pruebas singularizadas por los proponentes y que tal como están planteadas, dejan mucho que desear. “Por más que sea un juicio político, tenemos que someternos a las reglas y a un procedimiento correcto”, advirtió la asambleísta.
