Juicio político: contradicciones y mayorías móviles pesan a la hora de votar
Lo que ahora se promete puede cambiar. La calificación del juicio político, la prueba. El actual escenario político no será el mismo en 2025
Un panorama que se proyecta incierto. En el mejor de los casos, el pedido de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se podría empezar a tramitar el último trimestre del año que se avecina o a inicios de 2025. Para entonces, nadie puede prever cuál será el escenario en la Asamblea Nacional y en el país.
Esto a propósito de la palabra que han empeñado tanto el Partido Social Cristiano (PSC) como la oficialista Alianza Democrática Nacional (ADN), que han dicho que no cuenten con sus votos para una eventual censura y destitución de la funcionaria.
Sin embargo, sí los pusieron para calificar el juicio, pasarlo a la Comisión de Fiscalización, dominada por la Revolución Ciudadana, generando el primer escenario favorable para el correísmo, al que le queda tiempo para ir sumando voluntades. En teoría, le faltarían 20 votos para lograr su objetivo.
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“Todo es posible en nuestra democracia y todo es posible cuando se habla de votos”, dijo el exasambleísta y exministro de Gobierno Francisco Jiménez, que reconoció que aunque en este momento hay claridad sobre las líneas rojas del acuerdo entre Revolución Ciudadana, PSC y ADN, en los parlamentos hay diferentes visiones e intereses, “además un horizonte que se dibuja alrededor de 2025”. Eso en referencia a las elecciones presidenciales y de asambleístas de ese año.
De aquí en adelante todo puede ocurrir, porque ya se sembró la duda entre lo que se dice y lo que se hace. Dijeron que el juicio no tendrá apoyo, pero ya fue calificado
Antes de tramitar el pedido de enjuiciamiento a Salazar, la Asamblea debe evacuar uno que ya estaba desde el periodo anterior en contra del Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, dos contra quien era ministro de Transporte (Darío Herrera) y contra el secretario de Seguridad.
Además, dos que ingresaron en este periodo legislativo: contra Fernando Santos Alvite (exministro de Energía) y Juan Zapata (exministro del Interior). Según el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, cada proceso puede durar dos meses.
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Parece mucho tiempo, pero para el consultor y analista político Rodrigo Jordán no lo es. Por eso cree que la fiscal debe dar un seguimiento minucioso a cómo se va desarrollando el trámite, porque las mayorías móviles, los acuerdos de última hora y las contradicciones entre lo que se ofrece y se hace, serán la nota que definirá a esta Asamblea, como ha sido con otras.
Habiendo tantos temas importantes por resolver, ellos en lo único que piensan es en seguir su ruta de destitución de lo que consideran sus adversarios
“Sí y estamos viendo que la calificación del juicio se dio con los votos socialcristianos y del oficialismo, que dijeron que no lo apoyaban. Entonces, ¿mañana qué va a pasar con los independientes o, incluso, si se arma una nueva mayoría móvil que dé una sorpresa?”, analizó el especialista.
Isabel Enríquez fue parte de la Asamblea disuelta y dice que, desde entonces, el correísmo ha perseguido llevar a juicio político a la fiscal Salazar, hasta que ahora lo logró con los votos del PSC y ADN. Espera que los nuevos asambleístas y aquellos que ya estuvieron antes hayan aprendido la lección y tomen una decisión una vez que revisen objetivamente las pruebas y no porque alguien más lo dispone así no haya causales.
“Esta Asamblea, en lugar de ocupar el tiempo en este tipo de procesos, debería retomar varios proyectos en materia de seguridad, de trabajo, que dejamos avanzando en el anterior periodo”, señaló la exlegisladora.
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