El primer pedido de juicio político al defensor del Pueblo llega con 36 apoyos
Los legisladores dicen que el proceso penal es independiente del político. La Asamblea deberá evacuar primero los trámites de fiscalización rezagados
Con el ingreso de una solicitud para iniciar el proceso de juicio político en contra del defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, la Asamblea Nacional inauguró ayer sus competencias de fiscalización.
El asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas, fue el primero en presentar el documento respaldado por las firmas de otros 36 legisladores de su propia bancada, además del Partido Social Cristiano (PSC) y algunos de los denominados independientes.
Hay pruebas suficientes para impulsar este juicio político. Contamos con videos, el informe del Ministerio de Gobierno y de la Fiscalía que indica el inicio de la instrucción fiscal
Desde la cárcel 4, el defensor Freddy Carrión quiso cesar en funciones a la vicedefensora Zaida Rovira
Leer másCarrión permanece detenido en la Cárcel 4 de Quito desde el 17 de mayo pasado, y es investigad por el supuesto delito de abuso sexual. Pese a ello, Vanegas dijo que entre sus pruebas y argumentos no tocará este tema penal que está en manos de la Fiscalía y que hay suficientes elementos de índole político para que el juicio termine en la censura y destitución.
La principal causal sería la arrogación de funciones que habría cometido el defensor del Pueblo una vez que no se reintegró de sus vacaciones el 17 de junio pese a lo cual, un día después desde la prisión, accedió al sistema informático de la Defensoría del Pueblo para disponer que Zaida Rovira deje de ser la defensora subrogante.
“Dijo además que iba a continuar de vacaciones porque por causa de fuerza mayor está ejerciendo su defensa. Quiero aclarar que no está de vacaciones, sino en la cárcel”, dijo Vanegas.
A esta causa le sigue una supuesta falta de probidad notoria, mal uso de bienes públicos al haber empleado un vehículo y seguridad proporcionada por el Estado para acudir a una reunión social “clandestina”, violando el estado de excepción que regía el 15 de junio por la pandemia, fecha que fue detenido Carrión luego de un incidente violento.
El Consejo de Participación tiene facultad nominadora, podemos hacer un encargo, pero no tenemos competencia para cesar, en este caso, al defensor del Pueblo.
No es la única solicitud en curso contra Carrión en la Asamblea. Yeseña Guamaní, legisladora de las filas de la Izquierda Democrática (ID), dijo ayer contar con 35 respaldos para impulsar el juicio político por incumplimiento de funciones. Su pedido lo presentó ayer en la tarde.
La asambleísta considera que la supuesta agresión contra una mujer debe ser argumentada dentro del proceso de fiscalización porque precisamente una de las tareas del titular de la defensoría del Pueblo es velar por los derechos humanos de las personas, lo que habría transgredido el funcionario.
“Independientemente de que más adelante la Función Judicial determine responsabilidades penales, que agravarían la responsabilidad política, consideramos que con las pruebas que tenemos son suficientes para la fiscalización política de este caso”, señaló Guamaní.
Sin embargo, los tiempos y las circunstancias parecerían seguir jugando a favor del defensor del Pueblo. En la Asamblea todavía están represados los juicios políticos del anterior período en contra el exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, y del contralor general del Estado, Pablo Celi, quien también guarda prisión preventiva por el denominado caso Las Torres, pese a lo cual sigue ejerciendo el cargo.
Recién esta o la próxima semana la Asamblea espera reunirse para designar a los nuevos legisladores interpelantes, por lo que el proceso de Carrión podría demorar hasta un par de meses adicionales.
El CPCCS analiza la figura del encargo
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se encuentra atado de manos con relación a la situación de la Defensoría del Pueblo.
La presidenta del organismo, Sofía Almeida, recordó ayer que la entidad que dirige tiene competencias nominadores, pero no puede sancionar ni destituir a los funcionarios.
Almeida dijo que el CPCCS sí tiene la facultad de encargar luego de 30 días la Defensoría, en caso de enfermedad y por motivos de fuerza mayor y que eso es lo que se está analizando.
La titular del Consejo de Participación dijo que no pueden tomar una decisión apresurada para que cualquier resolución que se tome en un futuro cercano no sea cuestionada.
