En el juicio político a Pablo Celi resaltan las voces ausentes

Silencios que aumentan las suspicacias. En la quinta jornada de comparecencias ante la Comisión de Fiscalización dentro del juicio político en contra del excontralor Pablo Celi, que se desarrolló ayer, quedó en evidencia el poco interés que tienen de colaborar en este caso personas consideradas claves para establecer las responsabilidades políticas.

El turno ayer fue para el exfiscal Galo Chiriboga, quien pese a haber confirmado su presencia ante esa mesa legislativa, a pocas horas de la comparecencia envió un comunicado en el que justificaba su ausencia porque “no tiene información para aportar a la comisión” que lleva adelante la fiscalización.

También debía presentarse el exfiscal Carlos Baca Mancheno, pero su ausencia tuvo otros motivos. Desde la Comisión de Fiscalización se informó a EXPRESO que no logran localizarlo. O quizás a propósito no se deja localizar, ya que le han enviado correos electrónicos y mensajes de texto y le han hecho llamadas, pero no hay respuesta.

De las 41 comparecencias que estaban planificadas hasta ayer, solo 17 se cumplieron de forma presencial o por vía telemática. El miércoles, el exgerente de Petroecuador Alex Bravo se negó a hablar desde la cárcel de El Turi, en Cuenca, bajo el argumento de que está detenido desde 2016 y desconoce el caso Las Torres por el que es investigado Celi por presunta delincuencia organizada.

Pese a ello, el presidente de Fiscalización, Fernando Villavicencio, manifestó que cada uno de los convocados ha sido llamado porque hay indicios de que de alguna u otra forma están relacionados con el caso. Y añadió que independientemente de que rindan su versión, cuentan con los elementos suficientes para continuar con el proceso.

A la lista de ausentes se suma hasta el momento Esteban Celi de la Torre, hermano de Pablo Celi, que desde la Cárcel 4 de Quito se excusó argumentando que al no ser funcionario público, no está obligado a comparecer ante la Asamblea Nacional. Caso similar al de Adolfo Agusto Briones, hermano del exsecretario de la Presidencia José Agusto, que falleció en prisión.

La Comisión de Fiscalización tampoco ha logrado localizar a Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador y sobrino de Celi; a José Luis de la Paz, también procesado en el caso Las Torres; ni a Pablo Flores, exgerente de la estatal petrolera.

El padre de este último, Marco Flores, se excusó porque su abogada informó que estaba a punto de someterse a una intervención quirúrgica, algo que fue corroborado porque un día antes el juez Felipe Córdova le permitió retirarse el dispositivo electrónico de ubicación (grillete) mientras se practica la cirugía.

Un convocado que sí se hizo presente, vía telemática, fue Daniel Salcedo Bonilla, al que los legisladores llamaron para que explique cómo logró un contrato de 1,1 millones de dólares a través de su empresa productora, que se hizo por régimen especial y a través de una invitación para que su compañía participe.

Al respecto, Salcedo dijo no recordar muchos detalles de esa licitación y negó haber tenido algún contacto en la Contraloría y, peor aún, ser cercano a Pablo Celi, a quien habría conocido recién en la Cárcel 4, en donde ambos guardan prisión.

Para que hable de ese tema, fue llamada ayer María de las Mercedes Placencia, exsubcontralora de Gestión Interna, a quien le correspondía suscribir todos los contratos, sobre la base de la información y los documentos aportados por el área administrativa. Sobre el contrato para la prestación de servicios comunicacionales con la empresa de Salcedo, el requiriente fue la Coordinación de Comunicación, que dependía directamente del despacho del contralor, aseguró.

Para hoy han sido llamados el excontralor Carlos Pólit, que está prófugo; Cumandá Guevara, que es la viceprefecta de Pastaza; además de algunos funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría General que podrían aportar más detalles.