Fin del juicio político de Palencia, el más desastroso de la historia parlamentaria

El correísmo terminó el juicio a Mónica Palencia de la misma manera como lo empezó: a la bartola. Y así le fue. Inventando sobre la marcha, desechando unas acusaciones e improvisando otras, echando mano de pruebas no anunciadas, con los retazos de un aparato documental que se anunció intimidante en el origen del proceso pero terminó reducido a su mínima expresión en los alegatos finales, con un conjunto de cifras y datos extraídos de fuentes inciertas con los que se pretendió (sin éxito) desmentir los oficiales, los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas trataron de salvar los muebles de una interpelación que, por falta de claridad, no la tuvo ni con respecto a las acusaciones concretas contra la ministra del Interior. “Incumplimiento de funciones”: una obviedad. 

(Te invitamos a leer: Mónica Palencia hundió sin piedad a sus interpelantes)

 “Por el tema del Plan Fénix”: una generalidad en la que cupo, a la final, cualquier cosa. En la cara opuesta de la moneda, una Mónica Palencia metódica y rigurosa, con un conjunto de pruebas numeradas que exhibió en un orden exacto, acometió su defensa punto por punto. Y señaló con vehemencia todas las violaciones del proceso. 

Con semejante performance, convenció a quien tenía que convencer: la bancada de Construye. Sus abstenciones (16) y los votos en contra de ADN y los independientes (40) salvaron a la ministra. Solo el correísmo y los socialcristianos (77) votaron por la censura.

Había llegado Mónica Palencia acompañada de un puñado de ministros, con el de Gobierno, Arturo Félix Wong, a la cabeza. Un operativo de seguridad inusitado tuvo lugar en los alrededores de la sede parlamentaria, cuyas calles de acceso fueron cerradas al tránsito, y un equipo médico de emergencia (ambulancia, paramédicos, parafernalia de primeros auxilios con tanques de oxígeno y reanimadores) montaba guardia junto al salón del Pleno, tal y como ella lo había requerido. 

La actitud de Palencia en el Pleno

No suele la ministra hacer alarde de su condición de “discapacitada”, pero en esta ocasión la puso por delante, junto con la doble marginalidad de “mujer y migrante”, con el fin de subrayar su indefensión. Nada de eso le impidió ponerse de pie varias veces a lo largo de su intervención de dos horas con cuarenta minutos, que pronunció mayormente sentada, para fustigar a sus adversarios con mirada de fuego y voz tonante.

Carteles con los datos de la inseguridad en cada provincia (número de asesinatos, de secuestros, de extorsiones…) llevaron los correístas para instalar en sus curules, poniendo así de manifiesto la puerilidad de su argumento, a saber: en este país hay mucha inseguridad y la culpa solo puede ser de la ministra que tiene que evitarla. 

Durante poco más de una hora, el primero de los acusadores, Leonardo Berrezueta, trató de demostrar su argumento principal: que el Plan Fénix no existe. Que a lo sumo hay un “copia y pega” de los planes de Guillermo Lasso, dijo el correísta, y mostró un resumen ejecutivo de tres páginas como única evidencia de la existencia de un plan de seguridad en el gobierno de Daniel Noboa. 

Sin embargo, mientras exponía sus razones, era evidente que Berrezueta confundía peras con manzanas, es decir, el Plan Integral de Seguridad que debe aprobar el Ministerio de Defensa y no depende de Mónica Palencia; el plan estratégico contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo; el plan operativo que el Gobierno mantiene reservado y se conoce con el nombre de Plan Fénix.

Aquiles Álvarez y el Plan Fénix

“El Plan Fénix sí existe, aquí está”, dijo Palencia a su turno, mostrando un mamotreto anillado de por lo menos 800 páginas que no permitió que sean fotografiadas siquiera. Y luego puso un video que terminó de hundir a Berrezueta: en él aparecía Aquiles Álvarez, el alcalde correísta de Guayaquil, declarando que sí, que el Plan Fénix existe, que él lo vio y le parece “muy bien estructurado”.

Érratica, perdida en el espacio, Paola Cabezas acusó a la ministra de no haber utilizado los tres puntos de incremento del IVA para financiar los planes de seguridad, tal y como prometió el Gobierno. Dijo que la reducción de homicidios intencionales en un 27 por ciento, tal como ha anunciado la ministra, es falsa, pero no presentó datos convincentes que lo demostraran. 

Y dedicó un buen tiempo al tema de los consejos provinciales de seguridad, cuya creación el presidente encargó a Palencia en enero pasado y empezaron a constituirse finalmente en agosto, una cronología que la correísta interpretó como “un incumplimiento tácito” (lo que sea que esto signifique). En general, tanto Berrezueta como Cabezas adolecieron de un gran defecto: falta absoluta de documentación confiable y pruebas debidamente organizadas.

Las pruebas, cuestionadas

Palencia hizo la contabilidad exacta de ese aparato probatorio. Resultó abrumadora: de 140 pruebas anunciadas cuando se presentó el juicio, solo 21 fueron practicadas en la Comisión de Fiscalización y, de esas, llegaron a la sesión del Pleno… ¡cero! Luego refutó una a una las acusaciones, pero solo aquellas que fueron planteadas en el principio del juicio. 

Las demás (incluida aquella de los concejos de seguridad en cada provincia) las ignoró por extemporáneas. Y, poniéndose de pie, enronqueció de las iras y advirtió que no admitirá ninguna inconstitucionalidad contra el debido proceso. “La ley no es para hacer gárgaras”, gritó. Expuso sus cifras, sus presupuestos, sus estadísticas… Y cuando vino el momento de la réplica de los interpelantes, no fueron capaces de rebatirle.

Al fin y al cabo, este juicio debió ser sobre la toma de la Embajada de México, que fue la primera causal que se encontraron los correístas en su afán de tumbar a la ministra. 

Pero de eso, no dijeron ni una palabra. “Sí, se nos cayó el argumento”, admitió Berrezueta, porque no se presentaron sus testigos (que eran 12 y todos empleados mexicanos de la embajada). “Qué pena -se burló Palencia-, dejaron solo a su compañerito Jorge Glas”.

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