Juicio político a un presidente ecuatoriano: no hay registros en la historia

Un presidente que podría hacer historia. Desde la Constitución de Montecristi, aprobada en 2008, la historia política de Ecuador no cuenta que algún presidente o vicepresidente haya sido enjuiciado políticamente: y mucho menos que haya sido censurado y destituido del cargo en este proceso. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso podría cambiar esto y convertirse en el primer mandatario del país en ir a juicio político.  

Esto luego de que el pleno de la Asamblea Nacional aprobara, el pasado 4 de marzo,  el informe de la Comisión Ocasional creada para investigar una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas del país;  en cuyas recomendaciones consta iniciar un juicio político al presidente Guillermo Lasso. Fueron 104 los legisladores que se pronunciaron a favor de la sugerencia del juicio político al mandatario. En tanto que, 18 asambleístas se opusieron a la aprobación del documento por considerarlo "falso y conspirador".

Si bien es cierto, en 2017, durante el mandato de Lenín Moreno, asambleístas de la oposición pidieron a la Asamblea Nacional, controlado por el oficialismo, iniciar un juicio político contra el, en ese entonces, reelegido vicepresidente Jorge Glas por supuestos hechos de corrupción. La solicitud tenía como soporte las denuncias de sobornos pagados por la brasileña Odebrecht. 

No obstante, pese a que en ese mismo año la Corte Constitucional aprobó el juicio político en contra Glas, la Comisión de Fiscalización determinó que no era de competencia del poder Legislativo enjuiciar políticamente a Jorge Glas, debido que él había perdido el cargo el 2 de enero de 2018 por ausencia; tras ser condenado a prisión por haber recibido sobornos por 13,5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

Ahora, el primer mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, escribe una nueva historia en la política del país. Aunque la intención de enjuiciarlo aún deba aprobar muchos 'filtros', como el de la Corte Constitucional, por ejemplo. "Más allá de cualquier valoración política que se pueda hacer a la administración política del presidente, es competencia de la Asamblea activar el juicio político. Pero este debe sujetarse al articulo 129 de la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función legislativa", aclara Libia Rivas, presidenta del Instituto de Estudios Legislativos, quien recuerda que la intención de llevar a juicio al presidente Guillermo Lasso aún debe pasar varios 'filtros', como el examen de admisibilidad de la Corte Constitucional.

"Luego de que la Corte lo admite a trámite (de ser esta su decisión), esto regresa al Consejo de Administración Legislativa y de ahí se remite el informe a la Comisión de Fiscalización y Control Político; donde se sustancia todas las pruebas y el ejercicio del derecho a la defensa. Al final del día, es esta Comisión el tercer filtro, porque es la Comisión de Fiscalización debe emitir un informe para recomendar o no el juicio político contra Lasso, para que pleno de la Asamblea Nacional de su aprobación", explica Rivas. 

En la historia del país 

Durante la administración de Sixto Durán Ballén, en 1995, el vicepresidente Alberto Dahik fue llamado a juicio político por el Congreso Nacional, tras ser acusado de malversación de fondos por el uso de los llamados gastos reservados. Esta solicitud prosperó. Sin embargo, luego de presentarse ante el Congreso Nacional para ser juzgado y defenderse durante seis horas, el vicepresidente Alberto Dahik no fue censurado: la moción de destitución que se realizó en el congreso el 6 de octubre de 1995 solo tuvo 39 votos de los diputados, cuando se necesitaba 52 para su aprobación. Hubo 20 votos en contra y 14 abstenciones.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia siguió con el proceso penal que había levantado contra Dahik y el 11 de octubre de 1995, el presidente de la Corte dictó orden de prisión en contra de Dahik. En ese momento, ya era tarde. El vicepresidente ya había salido del país vía aérea hacia Costa Rica; país que le otorgó asilo político. El 12 de octubre, Sixto Durán Ballén anunció que había aceptado la renuncia de Dahik como vicepresidente.

 Dahik regresó al país en 2005, cuando la Corte Suprema de entonces declaró la nulidad del juicio en su contra. En esa visita, el exvicepresidente estuvo solo unos días en para pasar con su familia y volvió a Costa Rica. Finalmente en 2011, 16 años después de pedir asilo político, Dahik volvió definitivamente al Ecuador, después de que se le sustituyera la medida de prisión preventiva. Meses después, en diciembre de 2012, el juez Hernán Ulloa anuló todas las acciones penales en su contra. En 2013, el juicio fue archivado definitivamente.