El juicio político a Richard Martínez va al archivo y se abre investigación a la deuda
El correísmo votó en contra de la moción presentada por la legisladora Ana Belén Cordero en conjunto con su par Bruno Segovia
Un fallido intento de reanimarlo. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se dividió entre quienes consideran que el juicio político al exministro de Economía, Richard Martínez, debe archivarse y quienes consideran debe reiniciarse.
En la sesión instalada en la mañana de hoy, 21 de octubre de 2021, dos mociones para pasar la página fueron presentadas y ninguna obtuvo los votos necesarios para ser aprobada: la primera del legislador Pedro Velasco, quien propuso se archive y que la mesa deslinde la responsabilidad por la terminación del plazo legal; y la segunda de la asambleísta Gabriela Molina, en el sentido de que sea el pleno de la Asamblea el que decida si la mesa está dentro del término legal.
La sesión fue suspendida y reinstalada en la tarde de hoy con una nueva moción de la legisladora Ana Belén Cordero en conjunto con su par Bruno Segovia en la que propusieron el archivo y que se abra una investigación a la deuda pública en el periodo del exministro Martínez. La propuesta fue aprobada con el voto favorable de seis comisionados y tres en contra del correísmo.
Roberto Cuero de las filas de UNES criticó la moción por considerar el archivo. Intentó infructuosamente convencer a sus colegas de que ese no es camino, pero la votación ya había iniciado. El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, insistió en que no esa instancia la que archiva el caso, sino el expresidente de la Asamblea, César Litardo, y la actual titular Guadalupe Llori, al haber retenido el expediente. Cuero insistió en que será la historia la que los juzgue y señale a la comisión y no a la presidente de la Asamblea como responsable del archivo del juicio.
En la sesión de la mañana, el legislador interpelante Juan Cristóbal Lloret, interpretando la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, consideró que el proceso inició dentro del plazo legal antes de que se cumpla el año luego de la renuncia de Martínez. El 17 de abril de 2020 fue presentado el pedido y el 21 de septiembre del mismo año fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, por lo que a su criterio el proceso arrancó. Su postura no halló oídos en la mesa.
