Un juicio sorpresa para María Paula Romo

“Estoy lista para ser censurada, creo que la votación que se va a producir aquí no tiene nada que ver con mis argumentos...”, dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, cuando supo que había perdido el apoyo del bloque de CREO y que incluso un puñado de supuestos oficialistas, suficientes para virar la tortilla, votaría por su censura. Se disponía, en ese momento, a iniciar su contrarréplica, así que decidió usarla para despedirse y ajustar cuentas. Horas más tarde, la votación confirmaría sus predicciones: 104 por la censura, 18 en contra y 12 abstenciones. Tampoco se equivocó en eso de que el resultado no tendría relación con sus argumentos: el debate, que duró cinco horas, casi no tuvo relación con las causales del juicio político.

La ministra se conectó al Zoom desde el salón de banquetes de Carondelet, donde las más altas autoridades del gobierno la arroparon: presidente, vicepresidenta, el gabinete en pleno, la cúpula policial... Nunca se vio tan acompañada una funcionaria tan sola. Su antagonista, en cambio, la correísta Amapola Naranjo, habló desde un galpón, junto al pueblo llano. En primera fila, un grupo de mujeres cuyo papel consistía en llorar copiosamente mientras la legisladora se atropellaba al hablar. En cuanto al independiente Roberto Gómez, separado de CREO precisamente por su obsesión con Romo, apareció en su usual escenario repleto de parafernalia católica: “Con la Virgencita y la verdad”, dijo antes de arrancar una andanada tan violenta proferida en un tono tan irritado que por momentos le resultó difícil razonar en semejantes niveles de crispación.

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Ambos interpelantes hicieron del juicio lo que les vino en gana: probablemente conscientes de la debilidad de los cargos de los que la ministra había sido llamada a defenderse, los dejaron de lado y pusieron sobre la mesa todos los temas imaginables: el incremento de la delincuencia, la crisis carcelaria, la detención de Ola Bini, Ina Papers, el asesinato de Diana Carolina en Ibarra, el reparto de los hospitales (faltaría más), el uso de un helicóptero policial para irse de paseo, hasta el escándalo de los fondos del Isspol que la propia Romo denunció y se encuentra investigando... Todo.

“El hecho de que no se haya incluido esos temas en el informe (es decir, en el juicio) no implica que no se puedan debatir”, justificó Gómez. “Esto -insistió- no es solamente por el tema de la violencia de octubre, es porque se encargó de repartir hospitales. ¿Vamos a esperar al próximo juicio político por eso?”. Y, al grito de “el único día que podemos hacer justicia política es hoy”, invitó al Pleno a violar todos los procedimientos: “Si bien formalmente está enjuiciada por unas (causales), debe ser censurada por todas”, concluyó. Su colega Lourdes Cuesta dio forma jurídica a esta novedad: “la única causal de destitución es incumplimiento de funciones”, dijo. Y el incumplimiento de funciones se puede hallar en cualquier lado.

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Era todo lo que necesitaba la Asamblea para cubrir sus espaldas. Las causales originales, ambas relacionadas con la crisis de octubre de 2019 (el uso de bombas lacrimógenas caducadas y el lanzamiento de gases a los llamados “centros de paz”), sólo eran cómodas para el correísmo, que reivindica todo lo que ocurrió en octubre. Para CREO y el PSC, en cambio, eran una molestia. Pero con la salida que les ofreció Gómez podían darse el lujo de apoyar a la Policía, rechazar la violencia “venga de donde venga”, incluso rechazarla “enérgicamente”, condenar a los manifestantes que se tomaron Quito, abominar de los secuestros y los incendios y, con todo, votar contra la ministra. En la mayoría de los casos, por el reparto de los hospitales. En resumen: María Paula Romo fue censurada por acusaciones de las que no tuvo oportunidad de defenderse porque no formaban parte del juicio político.

Lo teorizó Homero Castanier, al anunciar el viraje de CREO, su bloque: en este lapso, dijo, en el que debía tratarse este juicio que demoró demasiado, “ha explotado una investigación penal sobre una mafia de delincuencia organizada que tiene como denominador común una palabra: reparto. Y entonces, ¿qué debe hacer la Asamblea? ¿Nos cruzamos de brazos, nos ponemos una venda en los ojos?”. No, se respondió él mismo: la ministra ha perdido la confianza y debe ser censurada. El socialcristiano César Rohon apuntaló la misma tesis: “La valoración política -dijo- tiene que ser actualizada porque así manda la ley, porque este es un juicio político”. Así, en lo que CREO y el PSC se ocupaban en actualizar su valoración política, la ministra de Gobierno perdió su derecho a la defensa.

Muy pocos se opusieron a esta barbaridad: Héctor Muñoz, Noralma Zambrano, Sebastián Palacios a nombre de SUMA, Franco Romero, Rosa Orellana... Un puñado. El tono del debate lo impusieron los otros. Lo que la ministra pensó como una discusión sobre los hechos de octubre, se convirtió en un cubrirse las espaldas permanente, un lavado de manos en toda regla y una pirotecnia retórica de lo más vistosa.

Pero antes, cuando se descubrió perdida (el viraje de CREO y los oficialistas trascendió pasado el mediodía), Romo había pasado al ataque. En su última intervención habló de los intereses que se esconden tras el juicio; expuso largamente una de las operaciones financieras que privó al Isspol de 327 millones de dólares en enero de 2016; culpó del reparto de los hospitales a los correístas, habló de Ramiro González, de María Sol Larrea, de Iván Espinel. Y recordó que fue José Serrano quien negociaba con Abdalá Bucaram: “Pregunten a quien presidió la Asamblea -dijo- y aceptó que había ido a reunirse en Panamá para proteger a Jorge Glas”. Habló de los legisladores del escándalo de Coopera, los de Caminosca, los de Samanes, los de la venta del hotel Quito, los del acuerdo entre privados, los que creen que hacer política “es subirse en un escándalo o bailar en el TikTok”... Y se fue, sacudiéndose el polvo de los zapatos. En cuanto a José Serrano, no dijo esta boca es mía.