El juicio político contra Guillermo Lasso se transforma y sigue

No llegaron a 92: fueron 88 los asambleístas que votaron a favor de seguir adelante con el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. El Pleno de la Asamblea hizo uso de sus facultades para resolver sobre asuntos que no alcanzaron la votación requerida en las comisiones y aprobó una moción de la correísta Viviana Veloz, que propone continuar con el juicio sobre la base de una acusación diferente a la que había planteado en un inicio y fue admitida por la Corte Constitucional. La nueva narrativa de la acusación de peculado incluye hechos que la Corte, en su dictamen, específicamente ordenó excluir, pues pertenecían a los cargos de concusión que fueron inadmitidos. A Guillermo Lasso le tocará ahora rehacer parte de su defensa y sus pruebas de descargo.

No hubo sorpresas en el debate. Casi todo giró en torno a la legalidad de la convocatoria del presidente Virgilio Saquicela y del pronunciamiento del procurador general del Estado, según el cual sólo podía haber un informe válido sobre el juicio político en la Comisión de Fiscalización, y este debía ser remitido al Pleno incluso en el caso de no ser aprobado por los miembros, tal como hizo Fernando Villavicencio. Viviana Veloz dijo que ese pronunciamiento era ilegal y una arrogación de funciones, y acusó a Villavicencio de haber plagado el proceso de “vicios e ilegalidades” para proteger al presidente de la República. Villavicencio se defendió, hizo notar que no existía ninguna prueba de peculado alguna y se retiró “para no ser cómplice -dijo- de la vulneración de la Constitución”. “Hagan lo que quieran”.

El correísta Roberto Cuero invitó a sus colegas, casi expresamente, a irrespetar el dictamen de la Corte Constitucional que dispone enjuiciar políticamente al presidente únicamente por la causal de peculado en el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. “Sí -dijo- hay un dictamen de la Corte Constitucional, está la Ley Orgánica de la Función Legislativa, también la Constitución... Pero afuera en las calles los ciudadanos hace rato ya dieron un dictamen implícito de por qué el presidente no debe continuar en el cargo”. Y habló de los muertos por la violencia, de las madres que lloran porque sus hijos no pueden entrar en la Universidad, del niño sicario de once años, de la crisis de los hospitales, hasta de las carreteras. "Si bien es cierto -insistió-, que aquí tenemos un dictamen concreto de la Corte Constitucional, no podemos, colegas, olvidar lo que está pasando afuera". Algunos asambleístas del correísmo y Pachakutik tomaron la palabra para secundarlo. Por momentos, el debate se convirtió en un concurso de retórica sobre las maldades del neoliberalismo y los bancos.

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Finalmente, aunque el socialcristiano Esteban Torres asegurara que “el presidente no se ha encontrado en ningún momento en la indefensión en este juicio político”, el secretario de la Asamblea dio lectura a un proyecto de resolución en el que se planteaba una acusación completamente diferente a aquella para la cual se preparó el acusado. El texto de 14 páginas de Viviana Veloz era, en realidad, un resumen del informe de minoría que el correísmo pretendió discutir en la Comisión de Fiscalización pese a la disposición en contrario del procurador. Sus considerandos son extractos textuales del análisis de la prueba de ese documento, e incluyen la mayor parte de los hechos relacionados con el primer cargo de cohecho inadmitido por la Corte Constitucional, empezando por los decretos presidenciales de nombramiento de Hernán Luque Lecaro en las empresas públicas, sus antecedentes en el Banco de Guayaquil, sus reuniones en Carondelet, etc. Nada de lo cual hacía parte del cargo de peculado que admitió la Corte.

El juicio político dividió a todas las bancadas. Pachakutik se partió en dos: los que votaron a favor (incluidos los grupos de la Conaie y de Salvador Quishpe) y los que se ausentaron (Ricardo Vanegas, Sofía Sánchez, Guadalupe Llori, Mario Ruiz y otros). Lo mismo ocurrió con la Izquierda Democrática: Dalton Bacigalupo, Johanna Moreira y otros tres se abstuvieron; los amigos del correísmo (Wilma Andrade, Marlon Cadena, Yeseña Guamaní…) votaron a favor. El grupo de Ramiro Narváez también apoyó el juicio pero “para garantizar -dijo- la defensa del presidente”, sin comprometer su voto a favor de la censura. Esto haría que, a la hora de las decisiones finales, los 88 votos de esta jornada puedan ser incluso menos. Firmes por la censura votaron los correístas en pleno y los socialcristianos. O lo que queda de ellos. 

Se espera que el juicio político, como tal, arranque el próximo lunes, luego del cambio de autoridades de la Asamblea. Virgilio Saquicela, que aseguró el apoyo de los correístas para su reelección, no hará ninguna convocatoria antes de asegurarse que le cumplan. Cada quien tiene sus prioridades.

Viviana veloz entendió mal

La nueva acusación contra Guillermo Lasso recoge el mismo equívoco en el que incurrió Viviana Veloz durante el proceso: asegurar que el decreto mediante el cual se pone al presidente de EMCO a presidir los directorios de las empresas públicas reforma los requisitos que la ley impone para ese cargo. Lo cierto es que la ley de empresas públicasno fija ningún requisito para los presidentes de sus directorios.