Juicios políticos: cae la primera cabeza

Déjà vu en el salón plenario. El juicio político contra la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, que la Comisión de Fiscalización recomendó archivar pero fue resucitado por el Pleno de la Asamblea, rebobinó y arrancó de cero. Otra vez el asambleísta Darwin Pereira, de Pachakutik, despachó las acusaciones que ya fueron contestadas en la comisión; otra vez las refutó la funcionaria; otra vez el interpelante no se dio por enterado. Tuvo una hora para replicar y no lo hizo: prefirió ratificarse, para lo cual le bastaron diez minutos. Arregui disponía también de una hora adicional para defenderse y no la necesitó. Siguió un debate fallido desde el primer momento, al término del cual Ruth Arregui fue censurada y destituida con el apoyo de 85 votos: el correísmo, la Izquierda Democrática y la práctica totalidad de la bancada de Pachakutik, no sólo los autodenominados rebeldes (Guadalupe Llori y Héctor Vanegas se abstuvieron).

Debate fallido: casi nadie se refiere a las acusaciones que son materia del juicio: el caso Perenco, el caso Big Money (la famosa trama de captación ilegítima de fondos liderada por el no menos famoso Don Naza), el nombramiento como miembro del consejo directivo del IESS de un funcionario supuestamente impedido, la renegociación de deuda entre usuarios y bancos privados en tiempos de pandemia... Ocho en total. En su lugar, los asambleístas hablan generalidades en torno a una idea lo suficientemente simple como para que todos la entiendan, incluidos los analfabetos funcionales, que en el Pleno son legión: la idea de que votar a favor de la superintendenta es apoyar a la banca; votar en contra, apoyar al pueblo. Por esta vía, el debate entró rápidamente en la fase de la retórica: el punto a partir del cual todo lo que se dijera sería pura paja. En esta performance de consignas ditirámbicas, los legisladores del correísmo y Pachakutik son maestros.

“Si hay algo claro es que la superintendenta de Bancos nunca estuvo al lado de los ecuatorianos; siempre estuvo al lado de la banca”: esa simpleza es la llave maestra del juicio. A partir de ella, los asambleístas de las bancadas acusadoras se sienten libres de hablar sobre cualquier cosa: la venta del Banco del Pacífico, el caso Isspol, el escándalo de la CFN, las carteras vencidas de la banca pública, ¡la inseguridad y el incremento de los casos de sicariato! Temas de los que la superintendenta no tuvo la oportunidad de defenderse por la simple razón de que no formaban parte del juicio político pero que, al final de cuentas, pesaron más en su censura que las acusaciones concretas (y bastante flojas) presentadas por Darwin Pereira y la correísta Alexandra Arce. Todo conducía ratificar la única acusación real (aunque extraoficial) de este juicio: Ruth Arregui no controla a los bancos.

Sí habló la superintendenta de uno de los temas que se colaron por la ventana: el caso Isspol. Según ella, es el verdadero motivo por el cual quieren destituirla. Dijo que, cuando llegó a su cargo, en abril de 2021, encontró que “la supervisión de derechos fiduciarios en el Isspol no tenía alcance para determinar potenciales debilidades. Hice un ajuste, comuniqué los resultados y la primera reacción fue una acción de protección para no observar mis instrucciones de abandonar ese tipo de inversiones”. Que esto es una retaliación por sus descubrimientos en el caso Isspol, aseguró Arregui.

Con la censura y destitución de la superintendenta de Bancos se cumple el primer paso de un guion para tomar por asalto las autoridades de control, con el Consejo de Participación Ciudadana como comodín y el correísmo, la disidencia de Pachakutik y el socialcristianismo como protagonistas, aún cuando estos últimos se abstuvieron de participar en este juicio y se abstuvieron en la votación final. El hecho es que las bancadas de la nueva mayoría continúan con su labor de minar al Ejecutivo por todos los frentes. En esta misma sesión, vía cambio del orden del día, dos nuevas comparecencias al Pleno, con visos de juicio político, fueron introducidas a debate: una para el ministro de la Producción, Julio José Prado, por un tema de controles fitosanitarios, y otra para la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, por el auge de la delincuencia en el cantón Durán. La Asamblea jura que es su culpa.