Mas juicios rodean a la comision

La condena y absolución por presuntas calumnias al contralor Carlos Pólit no mermaron el afán de los miembros de la Comisión Anticorrupción por investigar y denunciar. Ellos dicen que lo harán y con más fuerza.

El penalista Ramiro Román, uno de los nueve integrantes del grupo, aseguró que en los próximos días se presentará un nuevo caso. Todo estará sustentado y documentado como cada denuncia llevada ante las autoridades, señala María Arboleda, miembro de Anticorrupción.

Ella defiende la tarea de la comisión, constituida en Chimborazo el 30 de mayo de 2015, pues asegura que se hace con “rigor y responsabilidad”.

El nivel de investigaciones hace que Arboleda no se sienta aludida por un tuit del presidente electo Lenín Moreno. El jueves el exvicepresidente exhortó a las organizaciones sociales a proceder con mayor rigor y responsabilidad.

El pedido del oficialista llegó luego de que animó al contralor a revisar la demanda contra los querellados. Hernán Ulloa, defensor de Pólit, cumplió con la sugerencia y descartó la denuncia después de que los comisionados fueron condenados a un año de prisión y a ofrecer disculpas públicas.

Luego del conflicto legal, afirma Arboleda, el reto es continuar con las denuncias, “pero la condición clave es que la información pública sea puesta a nuestra disposición”.

Hasta la fecha, cuentan los investigadores, tienen dificultades para recopilar la información sobre casos denunciados.

Román ratificó que el trabajo se seguirá haciendo con “toda la fuerza, objetividad y veracidad”.

No es la única actividad que harán juntos. Además de las denuncias, Anticorrupción debe centrar parte de su atención al resto de querellas por calumnias que enfrentan. Solo el contralor presentó dos por alrededor de 2’300.000 dólares. Una es la que sentenció y declaró extinta la jueza Karen Matamoros el jueves, por las presuntas irregularidades en la adquisición de los terrenos para la Refinería del Pacífico.

Otra es por la denuncia que hizo el colectivo por una supuesta omisión en la investigación de los helicópteros Dhruv. Ahí señalaron al contralor y al fiscal Galo Chiriboga.

El proceso de adjudicación de la hidroeléctrica Manduriacu, que fue la primera investigación, también tuvo una demanda legal como respuesta. El caso fue archivado por la Corte Constitucional, pero hay tres querellas: una contra el coordinador Jorge Rodríguez, otra a los nueve y una más contra Rodríguez y Germán Rodas. Se reclaman $ 12 millones de indemnización.

También investigaron a la empresa china a cargo del proyecto Toachi Pilatón y un posible abuso de fondos públicos en la compra de placas de vehículos. Esa es la única denuncia que no ha sido archivada.