Julian Assange, un hacker espiado

José Martín Santos, Pepe, un periodista condenado a tres años de cárcel por estafa, y tres informáticos alicantinos son las personas que tienen en su poder imágenes, vídeos y documentos personales del presunto espionaje a Julian Assange, el ciberactivista refugiado durante siete años en la Embajada de Ecuador en Londres y que fue entregado el pasado 16 de abril a la policía británica. La policía investiga si una supuesta agencia de comunicación española está detrás de la extorsión al activista australiano, de 47 años, al que le piden tres millones para no difundir sus imágenes.

Agentes españoles de la sección de Secuestros y Extorsiones vigilan a José Martín Santos y a tres de sus colaboradores después de que ofrecieran el material grabado durante los últimos dos años de estancia en la legación diplomática del fundador de WikiLeaks, según fuentes cercanas a la investigación.

Assange acaba de presentar una querella contra los presuntos extorsionadores en la Audiencia Nacional, así como contra personal de la Embajada de Ecuador en Londres y miembros de la compañía de seguridad ecuatoriana Promsecurity que hubieran podido participar en los hechos. Los acusa de un largo rosario de delitos: organización criminal, extorsión en territorio español, delito contra la intimidad, el honor y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente. Esta empresa de seguridad sustituyó a la española Undercover Global SL cuando en 2017 Lenín Moreno accedió a la presidencia de Ecuador, y Assange perdió el favor de este Gobierno, según afirman sus abogados.

Todo empezó con un tuit publicado hace unas semanas en el que se anunció la disposición al mejor postor de documentación sobre la vida de Assange en la legación ecuatoriana. El nombre del titular de la cuenta era falso, pero el teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico sirvieron a Kristin Hrafnsson, editor jefe de WikiLeaks, para contactar a los vendedores y comprobar la veracidad de la oferta. Pepe le envió por correo electrónico fotografías de su ordenador en el que aparecían ficheros sobre las comunicaciones de Baltasar Garzón, abogado del ciberactivista, con Assange, los paquetes que recibía, las citas con sus médicos, los pasaportes de sus visitas, así como transcripciones de audios de sus conversaciones.

El precio era tres millones de euros y de no aceptar la oferta los vídeos y audios comenzarían a aparecer publicados en varios medios de comunicación. Si querían pagar, tenían que ir a España a cerrar los términos del acuerdo. Hrafnsson pidió más pruebas del material que tenían y Pepe lo impresionó mandándole la captura de pantalla de un vídeo en el que aparecía el editor jefe de WikiLeaks con Assange en una reunión en la embajada. También remitió notas legales de la carpeta personal de Aitor Martínez, letrado del despacho de Garzón, al que le habían fotografiado su estrategia de defensa durante el receso de una vista celebrada en la legación diplomática el pasado diciembre. En una de estas notas, aparece el dedo de la persona que las fotografió lo que, según la defensa de Assange, permitiría su identificación.

La perla de los envíos para convencer a Hrafnsson del valor del material fueron varios audios con conversaciones del activista con terceras personas y una carpeta con el título WhatsApp en la que, se sospecha, se volcaron los diálogos de los teléfonos de los abogados cuando visitaban la sede diplomática y los depositaban a la entrada. Esto acreditaría el presunto uso de micrófonos dentro de la embajada, algo que el Gobierno de Moreno ha negado, y se destaca en la querella presentada por Assange. Pepe pidió celebrar una reunión en Madrid para cerrar el acuerdo.

La reunión se celebró el 2 de abril. El editor de WikiLeaks había alquilado un apartamento en el número 11 de la calle Núñez Arce, al que acudieron los vendedores. A las 10 de la mañana, según describe la querella, Pepe apareció acompañado de dos personas a las que presentó como alguien que hablaba un inglés fluido y un experto informático. Él facilitó su nombre real, José Martín Santos (sin revelar su condición de periodista) y pidió cambiar el lugar del encuentro por motivos de seguridad.

En la cafetería del Hotel Reina Victoria, en la madrileña plaza de Santa Ana, Pepe colocó un ordenador sobre la mesa e informó a Hrafnsson que un colaborador en Alicante abriría por control remoto las carpetas encriptadas con el material. Durante tres horas los ojos del editor de WikiLeaks y de la amiga española que le acompañaba se abrieron como platos tras examinar las 103 carpetas con vídeos, audios, correos privados de los abogados y amigos de Assange recibidos durante su estancia en la embajada ecuatoriana.

Un material que, en opinión de la defensa del ciberactivista, acreditaría el espionaje al que fue sometido durante sus últimos dos años de asilo. “En cada esquina de la embajada Julian Assange había sido grabado, incluso en las áreas más privadas”, señala la querella.

Esa misma tarde, Hrafnsson, acompañado por Baltasar Garzón, presentó una denuncia contra los presuntos extorsionadores en la sección de Secuestros y Extorsiones de la Brigada de Delitos contra las Personas (UDEV) de la Policía. Desde allí mismo el editor de WikiLeaks llamó a Pepe y quedaron para mantener al día siguiente un nuevo encuentro. Hrafnsson reconoció a Pepe en el álbum de sospechosos que le mostraron los agentes. Santos fue director de informativos de la televisión municipal de Altea.

El monitoreo del segundo encuentro

A las 19:00 del 3 de abril se celebró la segunda reunión, en el mismo hotel, entre los supuestos extorsionadores y WikiLeaks. Pepe asistió acompañado con otro supuesto experto informático y dos de los anteriores socios. Kristin Hrafnsson lo hizo junto a Aitor Martínez, el abogado de Assange al que le fotocopiaron su defensa en la embajada. La policía monitoreo los treinta minutos del encuentro, fotografió y grabó a sus asistentes.

Pese a que el letrado les preguntó varias veces quién había ordenado espiar a Assange, solamente logró que el periodista, “el hombre que siempre llevó la voz cantante”, confesara que tenían el material por medio de personas del interior de la embajada. Dijeron que la embajada durante el Gobierno de Lenín Moreno había dado una orden de acopiar toda la información de Assange para reportarla a Ecuador.

Seis días después, el editor de WikiLeaks desveló el chantaje en rueda de prensa. Antes de romper el contacto con Hrafnsson le enviaron nuevos correos en los que se presentaron como Agencia 6, una supuesta empresa de comunicación alicantina, y rebajaron su oferta a 1,5 millones. Días antes se quejaron de que se habían percatado de seguimientos policiales y advirtieron que “pondrían el material bajo seguridad” para eludir la acción policial.

El 10 de abril los vendedores subieron un vídeo a YouTube en el que exhiben su material con la marca de agua de Agencia 6 y se presentan como periodistas de investigación que han recopilado “miles de vídeos y audios” con los que van a denunciar “una gran mentira llamada WikiLeaks”. En una de las pestañas de Agencia 6 aparecen las fotografías de Martín Santos y de los tres informáticos a los que el abogado Aitor Martínez ha reconocido como los asistentes a las dos reuniones.

La defensa de Assange cree que la creación de esta web es “una tapadera” del grupo al descubrir que están siendo vigilados por la policía. La querella explica que días más tarde medios británicos como The Daily Mail han comenzado a emitir vídeos sobre la vida privada de Assange.