La Junta de Beneficencia de Guayaquil demandó al IESS por 46,8 millones de dólares
El 10 de julio del 2024 llegó el proceso al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, en Guayaquil
Desde el 2009, es decir, desde hace 15 años, la Junta de Beneficencia de Guayaquil ha recibido pacientes derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Anualmente, se registran aproximadamente 60.000 atenciones a los afiliados.
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Sin embargo, el retraso en el pago por los servicios ha sido una constante. El IESS no ha cumplido con los acuerdos de conciliación, como el suscrito el 10 de abril de 2023, en el que se determinó que la deuda pendiente era de 46,8 millones de dólares.
Por ello, el miércoles 10 de julio de 2024, la Junta de Beneficencia de Guayaquil presentó una demanda contra el IESS, para exigir el pago por concepto de prestaciones de salud.
Dos años en mediación para pedir el pago
Desde hace dos años, la Junta de Beneficencia ha acudido a instancias de mediación en la Procuraduría General del Estado, para obtener el pago de sus servicios.
El 10 de abril de 2023, se calculó que la deuda ascendía a 90,5 millones de dólares. Para junio del año pasado, la deuda era de 46,8 millones de dólares.
Los abogados Miguel Macías Carmigniani e Iván Muñoz representan a la Junta de Beneficencia y calcularon el perjuicio en una cuantía no menor a 60 millones de dólares. La demanda se presentó ante un juzgado del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
Como pruebas, los abogados presentaron los contratos por prestación de servicio.
EXPRESO se contactó con la Dirección de Comunicación del IESS en busca de una reacción. Hasta el cierre de esta nota, no hubo una respuesta.
No solo es la deuda con la Junta, también con los jubilados
Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por el nuevo IESS, comentó: “El Seguro viene quedando mal, no solo con la Junta sino con los propios jubilados; en cuanto a la atención médica hay un maltrato impresionante. Lo mismo sucede con otros prestadores externos; por ejemplo, el tema con Solca es delicado".
Llanes sostiene que el Estado debería cancelar al Seguro Social lo que le debe. “Son unos 11.500 millones de dólares. También los empleadores privados deben pagar al menos 2.500 millones”.
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