“La justicia actúa discriminatoriamente contra el prefecto”

18 alcaldes y 5 delegados de las Juntas Parroquiales ante el Consejo Provincial iniciaron el proceso de remoción del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Su defensa prepara la estrategia para responder a esta denuncia que califica de “política”.

¿Cuál será la respuesta de la defensa del prefecto Morales ante el pedido de remoción presentado en su contra?

Lo primero es que todos los miembros de la mesa que deben calificar la denuncia, la firman. Es decir, son parte interesada y lo primero que debe ocurrir ahora, tal como lo hará el prefecto porque es parte de la mesa, es que ellos deben excusarse... Esta aventura a la que se han embarcado los alcaldes tiene fundamentos en hechos investigados por la justicia ordinaria. Por consecuencia debe esperarse a que exista el pronunciamiento en firme por parte de las autoridades para dar lugar a una decisión administrativa. Si no, podría producirse un sinsentido jurídico en el que, por ejemplo, el Consejo toma una decisión, y la justicia toma otra. Eso no puede ocurrir.

Entiendo que en la ley no dice expresamente que debe existir una sentencia en firme contra el prefecto para iniciar un proceso de remoción. Los alcaldes lo procesan por una presunta responsabilidad política.

Sin duda, hay un factor político detrás de este procedimiento que prevé la ley. Y sin duda las decisiones que se han tomado son políticas, como quitarle el respaldo del partido que lo apoyó para ser candidato, que los alcaldes de esa tendencia se agrupen para presentar una petición... Hay un debido proceso. Si se apartan de esto estarían violando la ley y la Constitución. Para reparar este tipo de vulneraciones existen suficientes garantías en la Constitución y las usaremos todas.

¿Por qué cree que el Partido Social Cristiano se desmarcó del prefecto Morales y no lo hace de otros alcaldes de Guayas también de la misma tienda política que en el caso de uno es investigado por la Fiscalía y en el caso de tres son observados por la Contraloría?

No puedo responder por terceros, pero puedo suponer que estas decisiones tienen una perspectiva que se proyecta a las próximas elecciones. Lo que sí me llama la atención, no es la decisión del partido respecto al prefecto, sino la administración de justicia penal, en discriminación del prefecto del Guayas porque en otras provincias, sobre otros funcionarios, con investigaciones por delitos similares en circunstancias similares, no han allanado domicilios ni los han privado de su libertad.

¿Por qué la justicia sería selectiva en un caso como este?

Me queda la impresión que se ha actuado con cálculo político. En el caso del prefecto se actúa con mérito de un reportaje periodístico que, por mucho respeto que le tengo a la investigación periodística, no puede suplir a la investigación fiscal... No puede ser que la Fiscalía se mueva en 72 horas luego de conocido el reportaje y se ordenen allanamientos y detenciones.

El exalcalde Jaime Nebot ha dicho que ya cuentan con los votos para remover al prefecto, pese a que aún no es calificada la denuncia. ¿A qué atribuye esta aparente celeridad?

Se trata de un mensaje político. De una decisión política. Le repito, yo de política no sé. Si me pregunta de las razones para mandar este mensaje o apresurarse de esta forma con el prefecto, hay que preguntárselo a él.

¿El Partido busca deshacerse de una figura que puede resultarle incómoda para el 2021?

Es evidente. Lo supongo, pero es evidente que sí.

La defensa del prefecto inicia con desventaja. Al menos 23 consejeros apoyan la destitución, ¿sus argumentos serán lo suficientemente sólidos para revertir esa balanza? ¿Con el apoyo de quiénes cuenta el prefecto en el Consejo?

Lo que sí le puedo decir es que en el país impera un estado constitucional de derechos. Cualquier atropello, decisión alejada de la ley, que por muy popular o muchos votos que se tengan para tomarla, si no se la toma en el marco de la ley, si se inventan una causal, existen herramientas que serán utilizadas para garantizar el debido proceso. Si los alcaldes que firmaron piensan que con sentarse a discutir entre ellos si están o no de acuerdo que se ha producido una malversación de fondo y con eso basta, están equivocados.

El prefecto Morales tuiteó un día antes de los operativos que pidió a la Fiscalía investigar a sus dos hijastros. ¿Qué sabe la defensa o qué presume que hicieron estas dos personas?

El mensaje de esto es la total transparencia del prefecto. Es decir que si existen sospechas de que sus entenados habrían cometido un delito, él mismo le pide a la Fiscalía que investigue.

¿Entonces qué presumen?

Estamos obligados a presumir todos, periodistas, funcionarios, fiscales y todos, es la inocencia y no lo contrario. Si hay evidencia para sospechar de la producción de un delito es la Fiscalía la competente para investigar.

¿No fue una forma de desviar los ojos de la Fiscalía hacia otras personas?

Hay que tener tremenda valentía para arruinar su entorno familiar por una decisión política. Definitivamente no lo fue.