La justicia intenta desatar nudos críticos en violencia

Con dos filudos cuchillos sajaba sus piernas una y otra vez. Carmen suplicaba que se detenga, pero sus ruegos ni las heridas sangrantes detenían a su exesposo en lo que parecía una desquiciada intención de quitarle la vida a la mujer que alguna vez le juró amor eterno. La tortura se intensificó cuando el agresor calentó los utensilios y los penetró en las llagas de la víctima. Fueron más de seis horas de terror que la joven madre vivió desde la noche del lunes 12 de abril de 2021,hasta las 03:05 del siguiente día. Un milagro evitó que Carmen se sume a las cifras de femicidio. Su agresor se quedó dormido y ella, en medio del dolor, logró escapar  y pedir auxilio a la policía.

El hecho ocurrió un día después de las elecciones presidenciales de segunda vuelta que llevaron a Guillermo Lasso  a Carondelet, quien dentro de su discurso de agradecimiento y dentro de su Plan de Gobierno promete acciones para erradicar la violencia intrafamiliar y abusos contra las mujeres.

Problemas que son identificados desde hace mucho tiempo, señala en su Plan; pero que, “desafortunadamente, no se implementan acciones efectivas desde el Estado para erradicar estos abusos y crímenes”.

En el último reporte estadístico, la Fiscalía General del Estado (FGE) registra 467 casos de femicidios, desde el 10 de agosto de 2014 (que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal -COIP-) hasta el 4 de abril de 2021.

Según las cifras, el 33,83 % (158) de los agresores son convivientes de las víctimas, mientras que el 18,20 % cónyuge; y el 12,85 % es pareja. Otro  20,12 % son exparejas, excónyuges, exconvivientes. En su mayoría, las víctimas oscilan entre los 25 y 34 años (162 casos), seguidas de las de 15 y 24 años (138); otras 99 tenían entre 35 y 44 años. En el 1,50 % están las de 65 años y más.

Pero también se destacan otras cifras que alarman: 546 casos de asesinatos a mujeres, 99 homicidios y 14 sicariatos, en el mismo período en que ocurrieron los femicidios.

Guayas y Pichincha son las que más casos reportan. La primera con 89 y la segunda con 84. La situación llevó a las autoridades provinciales a examinar el tema en una mesa técnica, donde se observaron “nudos críticos”.

El objetivo fue trabajar con todas las instituciones que tienen que ver en el tema, para aportar con ideas y propuestas en la aplicación de la Ley Orgánica para la Erradicación y Prevención de la Violencia Contra la Mujer. “Es la manera que buscan para dar resultados y avances de aquellos nudos críticos en violencia de género”, manifestó Alfonso Ordeñana, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

En noviembre de 2020, el Consejo de la Judicatura abrió un módulo de medidas de protección, en colaboración con juntas cantonales, tenencias políticas y comisarías, para el trámite de las medidas. Hasta el 15 de marzo del presente año, Gestión Procesal del Guayas registró 822 medidas de protección, 37 tentativas de homicidios y 4 homicidios en las cuatro Unidades Especializadas de Violencia:Norte, Sur (Guayaquil), Durán y Milagro.

Lasso considera en su Plan que “para abordar la violencia intrafamiliar se requiere de la participación de todos: familia, Estado, empresas y organizaciones sociales”. Para ello, propone trabajar muy fuerte para crear una cultura de igualdad de oportunidades, a través de mejores estándares laborales y servicios educativos y sanitarios de alta calidad. “El    Estado y el sistema de justicia deben ayudar a las mujeres a empoderarse. La única manera de lograrlo es generando confianza, a través de leyes concretas y una Fiscalía preparada con personal idóneo para investigar estos casos e impedir la impunidad”, sostiene el presidente electo en su propuesta de Gobierno, que se espera lo plasme con la urgencia que Carmen y cientos de mujeres agredidas lo requieren.

EN DETALLE

Vacíos en las notificaciones. La jueza Eugenia Avilés, de la Unidad de Violencia Durán, expuso que durante las capacitaciones a servidores policiales se evidenció que no tenían el conocimiento propio de la materia, en el momento de notificar las infracciones. Lo que ha sido establecido para control y vigilancia en esos casos.