Una justicia desigual, el otro saldo que deja la delincuencia

Existe una recompensa de $ 5.000 para quien proporcione información útil en las investigaciones del asesinato dado el 20 de mayo pasado  en el Buijo Histórico de Samborondón. Esto, luego de que fuera tendencia en redes sociales y hubo una presión mediática hacia las autoridades reclamando justicia y esclarecimiento de los hechos.

La Policía Nacional confirmó que se trató de un sicariato y que los victimarios estaban esperando al ciudadano en el local. Sin embargo, en el discurso presidencial del 24 de mayo se volvió a enfatizar que se buscará a los culpables y que a estos se les hará pagar la máxima pena posible.

“¿Qué pasa? Muere un joven en Samborondón y se mueven,  pero, ¿en los casos que no suenan, no? No es un tema de clases sociales, es un tema de humanidad, porque nadie debería pasar por esto, todos tenemos los mismos derechos”, expuso  Tomás Obando, padre del menor que falleció en medio de un cruce de balas entre un policía y un ladrón, en una heladería de Guayaquil en octubre de 2021.

Después del hecho se decretó estado de excepción por el repunte de la violencia en varias provincias y además había ya en vigencia otro estado de excepción en las cárceles.

Obando apunta que el caso de su hijo pasó al olvido al dejar “de sonar” en los medios de comunicación. En un inicio, recuerda, que el Gobierno le ofreció ayuda y justicia, pero indica también que el proceso está “en pausa” porque la Fiscalía solo entregó un registro de los hechos y cargos en contra del ladrón; a pesar que en la autopsia y en el informe balístico se identificó que municiones policiales mataron al menor.

“El policía está trabajando en el cuartel modelo en oficina como si no pasó nada, la jueza del caso preguntó al fiscal por la información del policía y dijeron que no se lo estaba investigando... La defensa del ladrón quiere que lo juzgue como un robo y nada más”.

Obando espera igualdad no solo para él sino para los familiares de las víctimas que no trascienden en medios o quienes no pueden iniciar o seguir un proceso por falta de recursos u otras razones.

“No me sorprende que actúen por la presión mediática porque yo lo viví, el Estado no está haciendo nada por la seguridad y no es porque sea mi hijo, es porque nadie debe pasar por cosas así en la vida”.

Linda Zavala es una migrante venezolana, hija de una comerciante que falleció también en octubre de 2021 en un tiroteo dado en los exteriores de un banco en Guayaquil. Ella señala que no recibió ningún tipo de ayuda, explicación o respuesta de lo sucedido y tampoco “se hizo justicia”.

“Lamentablemente, a todos no se los trata igual, especialmente si no eres de acá, la Policía no me dijo qué pasó a pesar que la bala que afectó a mi mamá fue del mismo lado que estaba el uniformado, pero ni eso investigaron. Nadie dio la cara y además la dejaron morir en el hospital, nadie merece ser tratado así. Cuando pasó todo el mundo me llamó, pero después nadie se acercó o se interesó”.

En lo que va del año hay más de 1.675 muertes violentas en todo el país. Sin embargo, no existen cifras totales de las víctimas colaterales.

Diario EXPRESO recogió en abril último el registro de los menores ingresados al principal hospital infantil público en Ecuador y señaló que entre 2021 y 2022 atendieron a 27 menores heridos de bala. Mientras que, solo entre enero y marzo se contabiliza que han fallecido 27 niños, niñas y adolescentes en la zona 8 de Ecuador.

María del Mar Gallegos, criminóloga y penalista, insta a la revelación de datos y en caso de no tenerlos levantar la información correspondiente para no solo dar celeridad y justicia, sino prevenir más muertes.

“Necesitamos políticas claras, pero para ello se requiere  información, no tenemos estadísticas, Fiscalía solo tiene de la gente que denuncia, pero ¿Cuántos no denuncian?    ¿Qué pasa con los que no tienen voces en estos hechos? Debe existir un registro completo del comportamiento, estudio de casos, una institución que se dedique a la prevención del delito. De ahí    parte la inteligencia”.

Gallegos pide al Gobierno ser efectivos con todos los casos y atenderlos con igualdad para no generar más violencia.

“Por naturaleza humana, repercute en que tomen medidas por sus propias manos y eso por ningún lado está bien. Pero si ven que hay mayor prioridad en otro caso, genera molestia, cuestionamientos, resentimientos y eso termina en violencia, un cambio en el estado de ánimo en las personas y su trato al entorno que los rodea”.