La justicia envia a la carcel a ocho lideres independentistas

La Justicia española dispuso ayer el ingreso en prisión sin fianza del exvicepresidente del Gobierno regional catalán Oriol Junqueras y siete exconsejeros de su gabinete, acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña.

La orden fue dictada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que impuso además una fianza de 50.000 euros al exconsejero de Empresa Santi Vila (quien dimitió antes de que el Parlamento regional declarase unilateralmente la independencia) para poder eludir la cárcel.

Poco después de conocerse la decisión de la magistrada, desde Bruselas el expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont criticó la decisión judicial y acusó a los partidos constitucionalistas de desearles la cárcel.

En el auto de prisión, Lamela apoya su decisión en la existencia de riesgo de fuga, después de la marcha a Bélgica, el pasado lunes, de Puigdemont y cuatro exconsejeros, quienes han manifestado su intención de no regresar a España hasta que no tengan “garantías judiciales”.

Contra todos ellos, la Fiscalía solicitó ayer la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), una decisión que la magistrada todavía no ha resuelto.

Según informaron fuentes jurídicas, la petición afectaría, aparte de a Puigdemont, a los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

Mientras que los exconsejeros que ingresaron en prisión son, además de Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior).

El encarcelamiento de los exconsejeros provocó la rápida reacción desde todos los sectores políticos, mientras que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se limitó a reiterar que su Gobierno no comenta las decisiones judiciales.

Fuentes del gubernamental Partido Popular recordaron que todo ciudadano está obligado a dar explicaciones a la Justicia y acatar las decisiones judiciales.

De forma muy similar se expresó el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyo portavoz federal, Óscar Puente, no quiso valorar la decisión judicial. “Los políticos a la política, y los jueces a la justicia”, resumió.

Desde las filas del independentismo las primeras reacciones llegaron de entre los propios detenidos. Antes de su encarcelamiento, Junqueras hizo un llamamiento a la ciudadanía desde su cuenta de Twitter, en el que les animaba a seguir “en pie” y “con determinación hasta la victoria”, mientras que el exconsejero Turull pidió “defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña”.

En la misma red social, la también investigada presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, calificó la medida judicial de “injusta” e “indecente” y recalcó que los encarcelados forman parte de un Gobierno “democráticamente elegido”.

Forcadell se apersonó en el Tribunal Supremo español, donde se le investiga junto a otros diputados regionales por permitir la votación de la declaración de independencia de Cataluña, todos acusados de los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

El juez encargado de la causa decidió la suspensión de las comparecencias y su aplazamiento a petición de los abogados de Forcadell y de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, quienes alegaron que necesitaban más tiempo para preparar las defensas, ya que las citaciones judiciales fueron notificadas este miércoles.

Desde que se conoció el ingreso en prisión de los miembros del Gobierno catalán, miles de personas se concentraron en las puertas del Parlamento autonómico en Barcelona para pedir la inmediata libertad de los que consideran “presos políticos”.