La justicia de Estados Unidos condena a perito ecuatoriano

Carlos Pareja Cordero consiguió que el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial con sede en Miami, Florida, le dé la razón en una demanda civil presentada en esa jurisdicción.

Y logró que el perito Sebastián Grijalva sea condenado al pago de 100.000 dólares por daño a la reputación personal y profesional” de Pareja Cordero.

El tribunal concedió así la demanda por el presunto hackeo de su correo. En la sentencia de octubre de 2019 se reseña que el 24 de diciembre de 2016 inició una investigación a Pareja. Se fundamentó en un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que, según Pareja, “contenía información ilegal y fraudulenta relativa a las supuestas actividades en las cuentas y supuestos estados de cuentas que presuntamente mantenía en EE. UU”.

En el documento se indica que luego se pidió autorización a un juez para tener acceso a las cuentas de Pareja en servidores Gmail, Yahoo y Hotmail.

Indica el demandante que un juez permitió la apertura y retención de las cuentas de correo pero que la legislación ecuatoriana prohíbe piratear cuentas para abrirlas. Se responsabilizó al perito Grijalva de hackear las cuentas valiéndose de una computadora con dirección IP en Miami.

Dice que la información fue entregada al juez y a funcionarios del gobierno y contenía información privada y personal de las cuentas y habría sido utilizada para incriminar ‘injustamente’ a Pareja y otros.

Se recordó que la información fue difundida por el expresidente Rafael Correa y le ocasionó daños económicos y morales que concluyeron con que Pareja y su familia se vieron forzados a asilarse en Perú.

Pero el perito se defiende. Grijalva hasta febrero de este año trabajó en la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía. A ese puesto ingresó en la administración de la fiscal Salazar. Él es perito del Consejo de la Judicatura y ha trabajado de forma independiente.

Recuerda que a finales de 2016 se inició una investigación a Pareja, él fue designado como perito y le solicitaron practicar diligencias. Una de ellas fue extraer información de archivos que estaban en algunos equipos incautados que él desconoce de dónde salieron.

Grijalva dice que no conocía a Pareja y solo siguió la orden del juez que era identificar, preservar y extraer la información de los equipos. Dice que los correos se exhibieron en una audiencia privada a las partes.

Indica que cuando a Pareja le retiraron la visa él puso una demanda en el FBI que fue desechada. Luego presentó una demanda civil contra la fiscal Diana Salazar y él. Manifiesta que para Salazar hubo patrocinio del Estado a través de la Procuraduría que le puso un abogado, pero para él no porque era particular. Asegura que nunca fue notificado con la demanda y por eso no se pudo defender y fue juzgado en rebeldía. Él no pagará la multa.

EXPRESO trasladó una consulta a Fiscalía sobre este asunto, pero su vocero despachó la solicitud pidiendo que se tramite por correo electrónico. No llegó respuesta al cierre de edición.

Leonardo Stagg es abogado de Pareja. Reiteró que la UAFE “utilizó fraudulenta información financiera de bancos americanos para crear un proceso contra Pareja Cordero mediante un reporte de operaciones inusuales e injustificadas”. Señala que la UAFE no tiene jurisdicción para revisar y emitir juicio de valor sobre operaciones en Estados Unidos.

Y, las cuentas de Pareja eran de bancos en Miami, por tanto sujetas al análisis de las autoridades de ese país y no de las de Ecuador.

Resume que en el caso de su cliente “todo fue ilegal, promovido por la UAFE y, sin duda, por la Senain, ambas dependientes de la Presidencia de la República y usadas como brazos de persecución en el gobierno de Correa”.