La justicia reactiva juicios políticos en la Asamblea: ¿intromisión de funciones?

Una nueva decisión judicial pone en evidencia el reiterado abuso de las garantías constitucionales por parte del poder de turno para, según analistas consultados por este Diario, salvaguardar sus intereses, en especial, a vísperas del próximo proceso electoral de 2025.

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Se trata de una acción de protección impulsada por la asambleísta del oficialismo Inés Alarcón que, en esencia, pretendía que se retomen los juicios políticos presentados en contra de tres exfuncionarios de Guillermo Lasso que fueron archivados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Aunque el recurso fue concedido por un juez de Quitumbe, juristas sostienen que la pretensión de Alarcón era inviable y el fallo una clara intromisión de la justicia en las funciones del Legislativo que, además, se contrapone a la jurisprudencia que la Corte Constitucional ya ha dictado en casos anteriores.

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Así lo señalan la constitucionalista Ximena Ron y el exasesor parlamentario Santiago Becdach, quienes recuerdan que “ninguna otra función del Estado debería establecer cómo la Asamblea Nacional debe realizar su rol fiscalizador”, como la Corte Constitucional ya lo ha establecido antes.

Hacen referencia al análisis que los magistrados constitucionales hicieron al caso de las medidas cautelares solicitadas por Christian Cruz, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en contra de la Asamblea Nacional para intentar evitar su enjuiciamiento político.

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En dicha sentencia, recuerdan, ya se indicó que “la justicia constitucional no puede emplearse como un mecanismo para evitar o suspender un proceso de enjuiciamiento político” y que los procesos previos y durante el enjuiciamiento político tampoco son objeto de la garantía jurisdiccional.

En ese sentido, el constitucionalista Ismael Quintana sostiene que, más allá de no considerar que el fallo sea una intromisión a las funciones de la Asamblea, la sentencia sí se va en contra de los precedentes vinculantes expresos que la Corte Constitucional ya ha dictado en casos similares.

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También anota que hay otros aspectos a considerar: “si bien es cierto que la Ley de la Función Legislativa no establece la figura del retiro de las firmas y que la norma indica que una vez presentado el proceso este se continúa así sea sin firmas, eso no es debatible en una acción de protección”.

Sin embargo, a diferencia de la postura de la Asamblea de no acatar el fallo, Quintana señala que “guste o no, la sentencia ya ha sido dictada y es de obligatorio cumplimiento”. De no ser así, sostiene que el país entraría en un círculo vicioso donde las sentencias se cumplen según el gusto de los políticos.

Un abuso de garantías constitucionales con trasfondo político

Por otra parte, el analista político Giuseppe Cabrera señala que este nuevo polémico fallo no solo resiste una lectura jurídica, sino política. En especial, cuando en otras ocasiones el poder político ya ha acudido al abuso de las garantías constitucionales para intentar salvaguardar sus intereses.

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“Recordemos que en el gobierno de Guillermo Lasso ya se habían filtrado audios sobre el intento para que Guadalupe Llori se mantenga en la Asamblea Nacional”, acota Cabrera y sostiene que los intereses detrás del recurso presentado por el oficialismo no está muy lejos de eso, en especial a puertas de las elecciones presidenciales de 2025.

Según acota, el objetivo de fondo del Gobierno del presidente Daniel Noboa es claro: detener las acciones de la Asamblea para precautelar que más ministros del primer mandatario no sean enjuiciados políticamente y, si lo son, que no sean censurados para no golpear sus aspiraciones electorales de las próximas presidenciales.

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A la par, sigue Cabrera, el presidente Daniel Noboa logra reforzar su discurso de lucha contra la corrupción y las ‘mañas’ de la vieja política que ha apuntalado con mayor fuerza en las últimas semanas. Asimismo, ubica a la Asamblea Nacional y los partidos que la componen como un adversario a vencer en los próximos comicios.

Ante la clara movida política detrás de la acción de protección presentada por la legisladora del oficialismo, el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Marcelo Espinel, recuerda que es una mala práctica que varios gobiernos y oposición de turno han abrazado con graves consecuencias para la institucionalidad.

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“Existe fiscalización a la carta. Siempre ha sido la estrategia del oficialismo y de la oposición para generar presión a otros poderes del Estado. Lamentablemente la idea que nos quieren vender es que se fiscaliza para precautelar los intereses del Estado, pero se lo hace con direccionamiento”, sostiene.

Espinel, además de considerar que el fallo es una clara intromisión de la justicia en las atribuciones de la Asamblea Nacional, coincide con Quintana en que el embrollo nació de un fallo normativo que, con esta experiencia, el Legislativo debería proponerse solucionar para evitar más casos.

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“La Ley de la Función Legislativa tiene vacíos que permite este tipo de interpretaciones, como es el caso del retiro de firmas. Es necesario que se trabajen en reformas para evitar más inconvenientes como estos”, acota y dice que se debería iniciar un proceso disciplinario contra el juez de Quitumbe.

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